Derecho a la autonomía de la persona en Salud Mental

Por Miguel A. Valverde - Miércoles, 15 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

la ley Foral 21/2010, que regula la dirección de Salud Mental en Navarra, insta a promover la autonomía y la implicación en el proceso asistencial del paciente y su familia (art. 7d). En cada ocasión, desde 2011, la Dirección de Salud Mental reitera su compromiso con este derecho ciudadano. La autonomía (el derecho a conocer los tratamientos posibles y sus peculiaridades, como la eficacia y los efectos adversos, y a elegir el tratamiento) está avalada por la Ley de Autonomía del Paciente, a nivel estatal, y por la garantista Ley Foral 17/2010. El compromiso con la autonomía del paciente es el de respetar la ley. Conviene enunciarlo ya que su cumplimiento es muy deficitario en Salud Mental, algo bien reconocido, y avanzar en el respeto de los derechos ciudadanos es una cuestión clave. Se enuncia también en el documento inicial del futuro Plan Estratégico de Salud Mental presentado hace unos días, pero en la reciente evaluación del Plan de Salud Mental 2012-2016 nada se dice al respecto.

Este compromiso colisiona al menos con varios aspectos de la asistencia habitual.

a) Habitualmente estos pacientes no reciben información sobre los tratamientos posibles y no pueden elegir, algo válido para toda España.

b) Un responsable de Salud Mental de Navarra afirmó que el 80% de los pacientes del grupo del Trastorno Mental Severo necesitan ser presionados para tomar su medicación, lo que desvela que muchos, incluso estando bien, son forzados a tomar fármacos aunque prefieran otra ayuda, y que el tratamiento obligado excepcional podría ser una norma habitual.

c) En 2016 Navarra gastó más de 2.300.000 € en un tipo de fármacos (antipsicóticos inyectables, usados cada 3 ó 4 semanas) cuya utilidad fundamental es medicar a quien no quiere. Cada inyección puede valer 500 euros. En febrero de 2017, el consejero de Salud dijo al Parlamento, hablando del gasto farmacéutico, que sirven para aumentar la adherencia, soslayando que ello significa mantener un tratamiento indeseado, que hay presentaciones similares más económicas (menos de 10 € por inyección) que no se usan, que mantener la medicación no mejora la recuperación del paciente e incluso puede dificultarla y que hay alternativas no farmacológicas más económicas.

d) En junio de 2017 el Parlamento de Navarra solicitó un estudio sobre la coerción en Salud Mental en Navarra y conocer el alcance de la práctica de atar a los pacientes en las Unidades de Agudos de Psiquiatría. No hubo respuesta, aunque desde febrero del 2018 se registran estas sujeciones en el entorno hospitalario. Pero la Gerencia de Salud Mental no aporta estos datos cuando se solicitan e incluso afirma que conocerlos no tiene utilidad.

e) El número de incapacitados en Salud Mental, personas a las que se les retiran sus derechos civiles, es desconocido, pero por indicadores indirectos sabemos que ha ido aumentando la incapacitación civil, además de la laboral, y la discapacidad asociada a Salud Mental, con una carga económica y social muy relevante. Esta es una medida de resultados crucial aunque los datos permanecen ocultos.

En definitiva, lo anterior nos indica que pudiera ser que el compromiso con la autonomía sea simplemente retórico, de hecho nunca se implementó medida práctica alguna al respecto, y que el respeto a la autonomía del paciente haya descendido mientras aumentaba la incapacidad y la dependencia, en estos últimos años. Es incomprensible que esto datos se desconozcan, a pesar de que no hay mejores indicadores para evaluar la asistencia que saber si las personas son tratadas respetando sus derechos y los resultados obtenidos. Esto debería interesar prioritariamente al Departamento de Salud y al de Derechos Sociales, al Parlamento y a la comunidad, pero requiere una voluntad de conocer y preguntar que echamos de menos en nuestros gestores de lo público.

El autor es psicólogo clínico