El juez ordenó el desalojo al confirmar la Audiencia en julio que había delito de usurpación

El instructor de la causa entró de guardia el martes y dictó un oficio a la Policía

Sábado, 18 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Varios furgones de la Policía Foral y Nacional a las 6.30 horas en el acceso a la plaza.

Varios furgones de la Policía Foral y Nacional a las 6.30 horas en el acceso a la plaza. (Javier Bergasa)

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Varios furgones de la Policía Foral y Nacional a las 6.30 horas en el acceso a la plaza.

pamplona- El desalojo cautelar reclamado por el Gobierno de Navarra vía judicial en la okupación del Palacio de Rozalejo tenía las horas contadas. El procedimiento judicial había discurrido por el cauce ordinario (incluida la derivación del asunto a mediación penal, que se prolongó de manera infructuosa desde octubre de 2017 hasta la primavera de 2018) sin necesidad de que se produjera una acción policial en el edificio, toda vez que el Juzgado de Instrucción 4 de Pamplona llevaba tramitando la causa desde que el Ejecutivo denunció los hechos, a los pocos días de que se produjeran. Sin embargo, el proceso, en el que habían sido denunciados en principio cinco jóvenes, fue avanzando de tal forma que durante la primavera y una vez fracasada la mediación el juez instructor dictó el auto de procedimiento abreviado. Es decir, la fase previa para que esas diligencias judiciales formen parte del sumario de un juicio. El juez razonaba que la okupación de Rozalejo constituía un delito leve de usurpación del Código Penal. A dicha resolución se opusieron las defensas de los jóvenes del gaztetxe, cuestionando que la acción realizada supusiera la comisión de delito alguno. Este recurso fue enviado a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Navarra que, a finales de julio, resolvió como lo había hecho el juez instructor, a la vista de que el Gobierno había demostrado la titularidad del edificio, la falta de consentimiento para cederlo a este colectivo y que, por tanto, la entrada al mismo había sido ilegal. Al mismo tiempo, fue cuando el Ejecutivo foral, en concreto el servicio de Patrimonio que depende de Hacienda, decidió que era el momento procesal oportuno para personarse en el procedimiento y reclamar al juez que desalojara el inmueble. No es casualidad, añaden otros expertos, que este tipo de acciones se desarrollen en los meses estivales y quizás por ello el Gobierno actuó entonces. Además, en caso de no estar personado en el procedimiento antes de que se dictara el auto de apertura de juicio oral (es decir, va a haber una vista oral por estos hechos pero no se sabe todavía cuántas personas se van a sentar en el banquillo), el Gobierno tenía la facultad de reclamar la medida como hizo. En caso contrario, su poder de maniobra y de reclamar medidas en la causa se habría relativizado.

una semana de guardiaEsta semana se presentaba como clave. Dicho juez instructor, Edilberto Esteban Iglesias, que dirige el juzgado número 4, entró de guardia el pasado 14 de agosto. Dichas guardias se prolongan hasta el siguiente lunes por la tarde. Por lo tanto, se entendía, según fuentes jurídicas, que era el escenario ideal para que el magistrado diera la orden a la Policía Foral (la competente por ser el edificio titularidad del Gobierno). En previsión de que pudieran producirse altercados e incluso detenciones, aunque este no fue el caso, la lógica hacía suponer que el propio juez asumiría las competencias para investigar los nuevos hechos que se produjeran, una vez además que ya tenía una causa abierta y cuya instrucción estaba a punto de finalizar. En principio, el desalojo se iba a iniciar el martes, aunque finalmente se suspendió. Luego, el juez remitió el jueves un oficio a la Policía para que ejecutara el desalojo.

En una situación como esta son los mandos policiales los que se encargan de señalar el momento oportuno para irrumpir en el lugar, teniendo en cuenta la operatividad y la resistencia que podían encontrar dentro del gaztetxe. Y así finalmente se decidió. Una operación policial a las 5 de la mañana, de forma conjunta, y que había terminado al mediodía. A partir de ese momento vinieron las explicaciones y los reproches entre Consistorio y Gobierno, incluso dejando entrever una brecha entre los socios. Para exponer la actuación intervino la portavoz del Gobierno foral, María Solana, toda vez que además la consejera de Interior, María José Beaumont, que dirige la Policía Foral, se encuentra de vacaciones hasta el próximo 20 de agosto. En lo que nadie reparó es en lo que ocurrió luego. La orden de desalojo sigue vigente. - E.C.