El juez que archivó el desalojo de Rozalejo dice ahora que la responsabilidad es exclusiva del Gobierno

Responde en una providencia al informe del Gobierno sobre riesgos de seguridad derivados de la okupación - El Ejecutivo recurrirá

Miércoles, 22 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El Palacio del Marqués de Rozalejo, reokupado.

El Palacio del Marqués de Rozalejo, reokupado. (Javier Bergasa)

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El Palacio del Marqués de Rozalejo, reokupado.

pamplona- El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona, que archivó el pasado sábado la causa abierta por la okupación del palacio del Marqués de Rozalejo tras la solicitud del Ejecutivo para suspender la orden de desalojo -archivo que el Gobierno anunció ayer que recurrirá- , reiteró que la “tolerancia de la actual ocupación del inmueble es de responsabilidad exclusiva del titular Gobierno de Navarra, que no ha querido ejecutar un auto que le reintegraba en la libre posesión del inmueble”.

Así lo asegura en una providencia dictada ayer después de un escrito en el que el Ejecutivo hacía referencia al informe de los riesgos de seguridad derivados de la okupación del edificio situado en la plaza de Navarrería, como la “caída de personas al vacío o de objetos a la vía pública”, como consecuencia de las obras para acondicionar el espacio y preparar mecanismos de defensa ante el desalojo, “riesgos estructurales” por la realización de estas obras en un inmueble “en deficiente estado de conservación”, así como un “riesgo cierto” de incendio por las características de la instalación eléctrica, la ausencia de sistemas de detección de sobrecargas o humos y la utilización de soldaduras eléctricas y otras herramientas “sin las debidas condiciones de seguridad”.

El juez recuerda que “a pesar del conocimiento previo de tales riesgos” el Gobierno de Navarra solicitó el sábado, una vez que el edificio fue nuevamente okupado, la suspensión de la ejecución de desalojo “en el marco de un avance sustancial en el proyecto a desarrollar en el inmueble y para garantizar la efectividad de las medidas que se adopten y evitar previsibles alteraciones del orden público y garantizar el mantenimiento de la seguridad ciudadana”. Así, considera que es “esta tolerancia de la actual ocupación y no el archivo de la causa” el origen de los riesgos que expone el informe.

Por último, estima que el mantenimiento y cuidado de edificios públicos, así como evitar riesgos derivados de su uso, “no es responsabilidad de la jurisdicción penal (cuando en este caso además ya se había dictado una resolución que evitaba los riesgos expuestos y que solo quedó sin efecto por expresa petición del Gobierno de Navarra) sino que tiene carácter administrativo”.

instituto de la memoriaPreguntado ayer por la okupación del edificio, el vicepresidente de Derechos Sociales Miguel Laparra reiteró que el Gobierno foral mantiene su intención de destinar el edificio para el proyecto del Instituto de la Memoria Histórica. “Estamos en un momento de impasse, sabemos que la situación es evidentemente compleja, y el Gobierno se está dando un tiempo para su análisis”, aseguró también. Respecto a las críticas de UPN y PP, con la petición de dimisión de la presidenta Uxue Barkos por “permitir” la okupación ilegal de un inmueble de propiedad pública, consideró que “lógicamente la oposición ejerce de oposición, éramos conscientes de que no iban a aplaudir. En cualquier caso, me parece importante destacar que la solución adoptada en este momento es la mejor que podía darse”. - M.B.