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Recurso de responsabilidad y diálogo

La decisión del Gobierno de Navarra de recurrir el archivo judicial del desalojo de Rozalejo es la única vía posible para salvaguardar el interés general de un espacio público y para habilitar una vía de salida a la okupación ilegal del Palacio

Jueves, 23 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

la decisión del Gobierno de Navarra de recurrir el auto del juez que decidió archivar la orden de desalojo del Palacio de Rozalejo es la única medida viable y posibilista ante una decisión judicial desmedida y precipitada. Y no sólo porque una postura de inacción pudiera derivar en posibles consecuencias legales para el propio Gobierno y para sus responsables -políticos y funcionarios- en este ámbito de actuación, sino porque permite abrir un periodo de estabilidad desde el que abordar un diálogo que permita una salida negociada a la okupación ilegal de un espacio público de interés colectivo. Como explicó la consejera Beaumont -que fuera en su momento propuesta por EH Bildu es lo de menos en este momento por más que la oposición se empeñe en hurgar en ello-, se trata también de blindar las capacidades políticas del cambio político y social en Navarra asumiendo las inevitables responsabilidades que conlleva cualquier asunción de la gestión del poder institucional y la consiguiente toma de decisiones. De hecho, vulnerar la ley no forma parte de ninguno de los puntos del amplio Acuerdo Programático que firmaron en 2015 Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y menos aún delinquir o avalar la comisión de delito alguno. Porque en la okupación de Rozalejo se están acumulando una sucesión de delitos y de riesgos para la seguridad vecinal y de las propias personas que utilizan su interior -sin olvidar que muchos de ellos en primera línea son menores de edad- de la que ningún Gobierno ni ninguna posición política responsable con sus propios compromisos con el interés general y con el bien común del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas a los que se supone representan pueden hacer dejación alguna. ¿O acaso alguno de los dirigentes políticos que están avalando la okupación de Rozalejo van a a asumir en propia persona o para sus siglas las responsabilidades penales, civiles, personales o económicas que se puedan derivar? Parece razonable que una interlocución seria y honesta pueda derivar en una solución acordada y no en un nuevo desalojo judicial y policial, pero es inevitable que el Palacio de Rozalejo vuelva al bien común para un uso colectivo de interés general para Iruña y para Navarra, y la opción de acoger un Instituto de la Memoria parece una adecuada a los valores de la mayoría de la sociedad navarra actual y a los compromisos conjuntos de los partidos y organizaciones que impulsaron en 2015, y se supone siguen impulsando, un modelo político y social para la Navarra de este siglo XXI.

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