Hace 7 años

Por Javier Onieva, Iosu Osta, Akina de la Cruz - Jueves, 23 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

el 23 de agosto de 2011, el PSOE, PP y UPN modificaron en el Congreso de Madrid el artículo 135 de la Constitución. A partir de ese cambio, “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Este cambio ha tenido un efecto muy negativo en todas las capas populares de la población, tanto en Navarra como en el resto del Estado, ya que multitud de necesidades sociales no atendidas por las administraciones han permanecido sistemáticamente olvidadas, mientras el dinero público, producido precisamente por la clase trabajadora, ha sido destinado a pagar deuda pública en lugar de dirigirse a cubrir las necesidades sociales de la población.

Mucho hemos trabajado en estos años para denunciar que precisamente esa deuda pública que tiene absoluta prioridad de pago ha sido contraída en gran medida por pagar proyectos megalómanos de nula rentabilidad social o por avales realizados para pagar proyectos empresariales “amigos” sin ninguna garantía control. En Navarra podemos recordar gran cantidad de avales fallidos (más de 50 millones de euros), sobrecostes por emisión de deuda (más de 100 millones), compraventa de acciones de Iberdrola (casi 20 millones), contratos SWAPS y COLLAR (5 millones)... además de lo que anualmente aportamos para pagar deuda del Estado, contraída por motivos similares a los expuestos en Navarra. Este año, para deuda del Estado hemos pagado 290 millones de euros.

Hay que recordar también que el Gobierno del Estado destinó dinero público para salvar bancos, entre 2009 y 2012 la friolera de 107.913.445.000 de euros de los que 57.003.764.000 de euros fue destinado a capital, mientras veíamos como se recortaban nuestros servicios públicos y beneficios sociales.

Ejemplo de ello es la reducción del 15% en las prestaciones para los familiares que cuidan de dependientes, la eliminación de la ayuda económica a diversos colectivos (jóvenes en paro que viven con sus familias ayudas a personas mayores y con discapacidad...), el descenso de hasta un 70% en ayuda internacional y fondo de acogida y atención a las personas inmigrantes, el aumento del IVA, el empeoramiento constante de la educación pública (aumento de las ratios, reducción de becas Erasmus, no cubrir bajas del personal docente que no superen los 15 días...), el cierre de bibliotecas…

Recortes también en sanidad, con cierre de centros de atención primaria, progresiva privatización y deterioro del sistema sanitario público, exclusión de personas del sistema sanitario público, implantación del “repago” farmacéutico, retirada de casi 500 medicamentos de la financiación pública, crecimiento en las listas de espera… así como la reducción en energías renovables y en políticas de sostenibilidad para revertir el cambio climático y la contaminación del aire, y un largo etcétera.

Las consecuencias de las necesidades no atendidas por las clases populares son realmente dramáticas. Aunque no la única, su expresión más cruel es el gran aumento de suicidios tanto en Navarra como a nivel estatal (más de 17.000) relacionados con problemas económicos en el entorno personal o familiar. Actualmente hay más del 20% de la población en por debajo del umbral de la pobreza.

Mientras a las grandes clases elitistas se les condonaba su deuda con Hacienda a través de la amnistía fiscal del 2012, a la mayoría de la ciudadanía se nos asfixiaba con las políticas de austeridad y recortes en los derechos sociales y ambientales básicos (vivienda, salud y asistencia sanitaria, educación, dependencia, cuidados, vivir en un medio ambiente apropiado para su desarrollo físico y mental, derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo el acceso a alimentación, etc).

Ante esta injusticia social que nos ha llevado a situaciones de emergencia social y financiera, desde el Parlamento Social instamos a los partidos políticos presentes en el Parlamento de Navarra a:

Primero: que articulen la realización de una auditoría de la deuda en Navarra de cara a no pagar la cantidad de deuda que la auditoría declare ilegítima.

Segundo: que se negocie y presione a los bancos responsables de la deuda ilegítima en Navarra, así como conseguir que el mismo negocie con el gobierno de Madrid el artículo de la ley del convenio económico que nos obliga a hacernos cargo de toda la deuda del Estado.

Tercero: a trasladar al Congreso de los Diputados para que el Gobierno de central proceda a la derogación de la reforma del artículo 135 de la Constitución efectuada el 23 de agosto de 2011, así como a la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Cuarto: que se asegure mediante los presupuestos todos los derechos sociales como educación, sanidad, pensiones, bienestar social, así como para que los partidos presentes en el Congreso de los Diputados propongan que el Gobierno central proceda al cese inmediato de los recortes y las políticas de austeridad.

Quinto: a que exijan la derogación del artículo 135 de la Constitución, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Los autores son integrantes de Parlamento Social