Editorial de DIARIO DE NOTICIAS

Migración, derechos y soluciones

Las presión política del discurso más reaccionario y xenófobo de PP y Ciudadanos contra el Gobierno de Sánchez deriva en la expulsión exprés de los 116 migrantes que saltaron la valla en Ceuta y cuestiona el compromiso inicial con el ‘Aquarius’

Viernes, 24 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

la valla fronteriza entre Ceuta y Marruecos ha registrado un nuevo salto masivo protagonizado en esta ocasión por un centenar largo de migrantes subsaharianos. Tras las acusaciones de buenismo al Gobierno de Sánchez, la respuesta ha sido expulsar en caliente, utilizando un acuerdo de 1992 con Marruecos -cuando Corcuera era ministro de Interior, lo que ya dice mucho de la normativa-, a los 116 migrantes que saltaron el miércoles la frontera. En lo que va de año, son más de 1.300 las personas que han entrado en Ceuta por esta vía terrestre, a los que hay que sumar otros 2.900 llegados a Melilla. Según el Ministerio del Interior, hasta el 15 de agosto habían llegado al Estado español, tanto por tierra como por mar, cerca de treinta mil personas. Es precisamente la vía marítima la que ha registrado un aumento de llegadas, mientras que los saltos en Ceuta han disminuido con respecto al mismo periodo del año anterior y en Melilla se ha registrado un ligero aumento. El cierre de las vías de salida de los migrantes hacia el Mediterráneo en la zona más oriental y central del continente africano ha llevado a un deslizamiento de la presión migratoria hacia el área occidental, con las costas españolas como objetivo. La materialización del paso por parte de ese centenar de subsaharianos y la existencia de heridos entre los cuerpos policiales españoles ha reavivado el debate sobre las medidas de seguridad en la valla fronteriza. El PP no ha tardado en advertir al Gobierno español de que retirar las concertinas (alambradas con cuchillas afiladas) sería “una irresponsabilidad”, mientras desde el Ejecutivo socialista han respondido que existen alternativas con vallas menos lesivas, sin que ello signifique la desaparición de las barreras actuales. Pero más allá de la mayor o menor frecuencia de los saltos, el verdadero problema al que se enfrenta el Gobierno español y, con él, las instituciones de la UE, es buscar soluciones en los países de origen y en los de paso de estas personas, de forma que se humanicen las condiciones de vida de quienes ya están en tránsito, y se disuada a quienes aún no han partido de hacerlo, mediante la garantía de un presente y futuro dignos en su tierra. Mientras, el respeto a los derechos humanos de todos ellos debe presidir toda actuación, tanto de los gobiernos de los países a los que llegan, como de la ciudadanía de los mismos, al igual que se debe exigir sin paliativos a los migrantes la no violación de estos derechos por su parte.

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