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ONG recelan de la legalidad de la devolución

Los abogados de los 116 inmigrantes devueltos a Marruecos presentarán recurso de alzada

EFE - Viernes, 24 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 18:10h

El diputado de Podemos Chema Guijarro ha considerado "absolutamente escandalosas"las devoluciones colectivas de inmigrantes

El diputado de Podemos Chema Guijarro ha considerado "absolutamente escandalosas"las devoluciones colectivas de inmigrantes (EFE)

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El diputado de Podemos Chema Guijarro ha considerado "absolutamente escandalosas"las devoluciones colectivas de inmigrantes

CEUTA. Los doce abogados que el pasado miércoles día 22 atendieron a los 116 inmigrantes que saltaron violentamente la valla fronteriza de Ceuta presentarán un recurso de alzada contra la devolución de estos a Marruecos.

La decana del Colegio Oficial de Abogados de Ceuta, Isabel Valriberas, ha explicado que los letrados presentarán recursos de alzada ante el Ministerio del Interior contra la decisión del Gobierno de la nación de aplicar el convenio que España y Marruecos tienen desde 1992 para proceder a la devolución de los inmigrantes llegados de manera ilegal.

Valriberas ha destacado que los abogados tuvieron una comunicación del Jefe de la Brigada de la Jefatura Superior de Policía que se ocupa de cuestiones de Extranjería manifestándoles que se preveían expedientes de devolución, que de hecho se iniciaron el mismo día de la entrada masiva por el perímetro fronterizo.

Por eso, se realizaron turnos de asistencia en los que cada uno de los abogados atendió a una media de diez inmigrantes.

"No nos ha dado tiempo a ejercer medidas cautelares", ha explicado Valriberas. "Es la primera vez que se realiza de forma masiva la aplicación de este convenio", dijo en referencia al acuerdo entre España y Marruecos fechado en 1992.

Lo que están estudiando los abogados que asistieron a los inmigrantes es si la aplicación de dicho convenio es correcta y si se han conculcado derechos. De esta forma tratan de ver si se puede dejar sin efecto la resolución de devolución.

Valriberas ha reconocido que las devoluciones en caliente se producen sin trámite administrativo alguno, aunque en este caso, a juicio de la decana, "sí se han hecho expedientes administrativos, precipitados y demasiado rápido".

Igualmente, la decana no ha sabido asegurar si este procedimiento utilizado en base a ese acuerdo de 1992 se va a seguir aplicando y si Marruecos lo va a aceptar siempre, considerando que las devoluciones efectuadas este jueves habrán sido acordadas entre los ministerios de Exterior e Interior con el país vecino de Marruecos.

CONTRA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO Diversas ONG han arremetido hoy contra la decisión del Gobierno de devolver ayer a Marruecos los 116 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta porque sospechan de que la celeridad con que se hizo, en apenas 24 horas, impidió que se cumplieran las garantías y derechos de estas personas.

Es el caso de Save the Children, que en un comunicado ha mostrado "sus dudas" de que se hayan podido identificar a menores de edad en un plazo de tiempo tan breve y con un número tan elevado de personas implicadas.

"Lo sucedido ayer no responde a una política centrada en los derechos humanos y la defensa de la infancia", ha advertido el director general, Andrés Conde, a quien le "cuesta creer" que se haya garantizado el derecho de las personas migrantes a ser escuchados "en un proceso hecho con tal celeridad".

España devolvió ayer este grupo a Marruecos en virtud de un acuerdo suscrito entre ambos países en 1992, según el cual el Gobierno alauita debe readmitir a los migrantes en situación irregular si se demuestra que han accedido a territorio español a través de su frontera.

Marruecos aceptó readmitirlos y la Policía Nacional realizó todos los trámites habituales para expulsarlos mediante un procedimiento que se ha llevado a cabo de forma individual, inmigrante por inmigrante, con asistencia letrada y sanitaria, según informaron fuentes de Interior.

Pero organizaciones como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado también desconfía de que se respetaran las garantías básicas de los inmigrantes y por ello ha denunciado ante el Defensor del Pueblo su "deportación exprés".

"El acuerdo de 1992 no permite que se impida el cumplimiento de la legislación española y nos preocupa que lo que no hizo ningún gobierno anterior se haya adoptado ahora", ha resaltado.

También el director y fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, ha reprobado la actuación del Ejecutivo: "Lo más grave de hacer las devoluciones 'en caliente' es que si son capaces de hacer esto con el foco mediático, imagina lo que hacen en medio del mar, que todavía es peor", ha remarcado.

Otro medio centenar de organizaciones, como Cáritas, Red Acoge, Red Española de Inmigración o el Servicio Jesuita a Migrantes, han suscrito un manifiesto en el que censuran estas "devoluciones en caliente en diferido" con las que el Gobierno ha desvelado cuál es su verdadera política migratoria.

Y le han instado no solo a informar de la "contraprestación" económica que ha recibido Marruecos, sino a detallar el número de abogados de oficio, intérpretes y funcionarios policiales que han actuado y las actividades que se han llevado a cabo para identificar a personas vulnerables o el listado de nacionalidades de las personas devueltas, entre otras cuestiones.

Estas ONG se suman así a las críticas que ayer vertieron la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que ha expresado "su enorme preocupación ante este cambio de estrategia del Gobierno "pese a que "trate de justificarlo en el marco del acuerdo con Marruecos".

CEAR considera que "este cambio de políticas pone en marcha 'procedimientos acelerados' en poco más de 24 horas que impiden la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional", ha subrayado.

Amnistía Internacional fue más allá y exigió al Ejecutivo a paralizar las expulsiones exprés que se están produciendo desde España hacia Marruecos al considerar que pueden suponer "una violación de derechos humanos de las personas migrantes y posibles solicitantes de asilo".

UGT se ha sumado a la "preocupación y dudas" vertidas por las organizaciones humanitarias por la "celeridad en la sustanciación de los trámites" que ha tachado de "inusual" y que por ello considera que debe explicar Interior.

Por último, CC.OO. ha urgido la eliminación "inmediata" de las "devoluciones ilegales" en Ceuta y Melilla y también de las concertinas. "Es urgente el diseño de un plan de choque nacional y europeo de consenso con las fuerzas políticas y sociales, en un proceso abierto de diálogo social que consensúe todas las acciones de acogimiento y recepción de las personas migrantes", ha concluido.