Rozalejo: reokupemos... la cordura

Sábado, 25 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

situémonos mentalmente en el viernes, 17 de agosto, a mediodía. A esa hora, el Palacio de Rozalejo, bien público, había sido recuperado por el Gobierno, encargado de velar por su futuro.

En ese momento, el Gobierno había cumplido con todas sus obligaciones. Tal y como reclamaba una inmensa mayoría social, se había recuperado un patrimonio público que nadie tiene derecho a okupar por la fuerza. La labor policial, reconocida como encomiable por la mayor parte de la ciudadanía era diferente a otras de años atrás: había terminado sin detenidos y sin heridos entre los jóvenes y menores que ocupaban ilegalmente el inmueble, y con 6 heridos leves entre los “menos jóvenes” que les “apoyaban” desde la calle. Se había cumplido, además, con el Acuerdo Programático de Gobierno, tras abrir con los okupas los “cauces de diálogo y participación” que recogía su texto, y siempre “garantizando un uso público, plural, para toda la ciudadanía, y la igualdad de oportunidades”.

Y lo anterior, por supuesto, estaba hecho respetando escrupulosamente el marco jurídico-legal y las decisiones judiciales. Tras la ocupación, en septiembre de 2017, el Gobierno presentó la pertinente denuncia;y el juez -dos meses más tarde- acordó derivar la causa a un “proceso de mediación penal”, que concluyó sin éxito en mayo de 2018. Durante y después de este proceso legal (recuérdese incluso la reunión in extremis anulada por los okupas por “problemas de agenda”), el Gobierno ha intentado dar cauce al diálogo. La respuesta de los okupas, en público y en privado, era que habían decidido “quedarse en el local porque ya forman parte del barrio, y defendiéndose con uñas y dientes”. Ante semejante privatización forzada de un bien público, ¿cabía otra salida que recuperar Rozalejo para el uso de todos y todas?

Así pues, terminada la mediación penal, el Gobierno interpone en julio la denuncia de desalojo. Y el juez pone fecha: 17 de agosto. La Policía procede de la manera ya descrita, y precinta después los locales okupados con los medios posibles de tapiado y protección. Los medios “posibles”, sí;puesto que el Palacio de Rozalejo, por su configuración urbanística y arquitectónica, presenta grandes dificultades para un sellado hermético. Y así llegamos al momento en el que habíamos puesto nuestro reloj: 17 de agosto, mediodía. El Gobierno, como decimos, ha cumplido.

Pero avanzan las horas;y ese mismo viernes, por la tarde, se produce la “reokupación”. Un momento aprovechado por diferentes agentes que ven posible obtener un “botín político”. Entre esos agentes ve diferencias. Podemos distinguir a quienes inducían a jóvenes y menores a cometer un delito;a los que irresponsablemente jaleaban a los anteriores;a quienes trataban de aprovechar la cuestión contra el Gobierno del Cambio;y a un actor determinante del que después hablaremos.

La parte que trataba de aprovechar la cuestión contra el Gobierno, la derecha, proclamaba que “el Gobierno se rinde a la presión de Bildu, que tolera la reokupación y que renuncia al desalojo”. Encontraban un aliado en las lamentables expresiones del alcalde Joseba Asiron, cuya rueda de prensa se reflejaba con el titular “celebra la suspensión del desalojo”, y el subtítulo “el Gobierno rectifica”. Unos y otros, aprobetxategis e irresponsables, alimentaban así la supuesta épica del grupo de asaltantes protagonistas de la reokupación.

Hubo también representantes públicos con mesura, como Edurne Egino y Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, firmando un artículo en el que decían -por ejemplo- que “de ninguna manera las okupaciones de este tipo de locales pueden significar ‘hacer lo que me dé la gana’. El uso y disfrute de un edificio público debe conllevar fundamentalmente una gestión plural del mismo, […] dentro de los límites del respeto mutuo y a los valores democráticos y DDHH”. Suscribimos plenamente esta visión del Acuerdo Programático que, además, creemos coincidente con la inmensa mayoría social de Navarra.

Pero el actor determinante en ese tablero de la reokupación, que politizó la cuestión extralimitándose en sus funciones, fue el propio juez. Un juez que recibe los informes de la Policía que recomiendan no intervenir ese fin de semana, por un problema estricto de seguridad ciudadana;y que recibe del Gobierno la petición, basada en esos mismos informes, de que se aplace la recuperación del inmueble. Pero, ante esa petición de aplazamiento, de suspensión temporal... el juez decide archivar las causas.

La decisión judicial debe ser contestada por lo jurídico: el recurso del Gobierno. Pero es necesario contestar en lo político a los juicios de valor incluidos en su auto. Porque resulta que el mismo juez que derivó la primera denuncia de ocupación hacia una mediación con los okupas;el mismo juez que recibió la denuncia de desalojo una vez terminada la mediación por él decretada… ese mismo juez es el que introduce una “valoración global de la conducta del Gobierno” (valoración, como todas, subjetiva), acusándole de “una sobrevenida tolerancia expresa” con la okupación, y rematando con que “los hechos (la okupación) no puedan considerarse constitutivos de delito”.

Desconocemos la intención última del juez en su “valoración de la conducta global” del Gobierno;pero, con ella, ha desencantado a la mayoría social que veía las cosas resueltas el viernes 17 a mediodía;y, en cambio, ha espoleado a quienes buscaban botín político después de la reokupación, tanto a la derecha como a los (re)okupas y sus jaleadores.

No cabe duda de que cada uno de los socios del Acuerdo Programático debemos examinarnos sobre nuestras actuaciones en Rozalejo. Con autocrítica, pero también con voluntad de aprendizaje: porque el futuro puede colocarnos a todos en situaciones similares. Porque hay una pregunta latente en la sociedad dirigida a las personas, partidos y organizaciones políticas y sociales que apoyan la (re)okupación: ¿tolerarían y jalearían que en Navarra, como en Madrid, haya organizaciones (por ejemplo ultraderechistas) que, bajo intenciones supuestamente humanitarias, okupen edificios de uso público?

En Geroa Bai, ante cualquier okupación o reokupación, lo tenemos muy claro: “defender los bienes públicos con decisión pero sin buscar el refugio de la tensión. Vocación de diálogo y defensa firme de los bienes públicos, del patrimonio de todas y todos, para toda la ciudadanía. Ese es nuestro estandarte”. Así lo expresaba la presidenta Uxue Barkos, y así lo tomamos como propio. En cualquier caso. Y tanto antes como después del 17 de agosto.

Firman este artículo: Koldo Martínez, Virginia Alemán, Patxi Leuza, Joseba Orduña, Iosu Janices, Ana Ansa. Miembros de Zabaltzen, asociación política integrada en Geroa Bai