La inaceptable privatización de un bien público

Por Itziar Gómez - Domingo, 26 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:02h

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dada la deriva que ha tomado el caso de la ocupación del palacio del Marqués de Rozalejo, creo oportuno hacer algunas consideraciones, desde mi responsabilidad institucional en el consistorio de Pamplona-Iruña, sobre la posición que está manteniendo tanto el Gobierno de Navarra como el grupo municipal de Geroa Bai en esta cuestión.

Una posición que ha estado guiada por tres principios que para nosotros son irrenunciables y que con seguridad son compartidos por la mayor parte de la ciudadanía, incluso por aquellos que desde uno y otro lado del espectro político han denostado el comportamiento del Ejecutivo Foral hasta la fecha:

1) La igualdad de oportunidades ante la utilización de equipamientos públicos, lo que supone tanto estar en contra de políticas de amiguismo tan frecuentes en tiempos pasados, como rechazar con igual contundencia el método de la patada en la puerta para acceder al disfrute de inmuebles que son de todos y de todas.

2) La aportación de soluciones para canalizar las inquietudes de participación comunitaria. Ante las legítimas aspiraciones de los diversos colectivos ciudadanos, es responsabilidad de los poderes públicos facilitar los medios para que aquellas se hagan efectivas enriqueciendo así la vida ciudadana y configurando una ciudad más viva, plural y participativa.

3) La apuesta por soluciones dialogadas para hacer frente a una situación ilegal y, si éstas fracasaran, por actuaciones proporcionadas que no agraven el potencial conflicto social, sino que traten de discurrir por cauces de sensatez y de sentido común.

Si se analiza lo ocurrido a la luz de estos principios, se verá que la actuación del Gobierno de Navarra hasta la fecha ha sido coherente y razonable, por más que otros agentes activos en el proceso, con intereses contrapuestos para todos evidentes, se empeñen en propagar lo contrario.

El Palacio Marqués de Rozalejo se ocupó el 3 de septiembre de 2017 y el Gobierno de Navarra interpuso la correspondiente denuncia al día siguiente. ¿Por qué? Porque lo contrario sería invitar a cualquiera a que tome posesión de un bien público por la vía de echar la puerta abajo. Los bienes públicos deben gestionarse de forma legal y en la forma que sea decidida por las y los representantes democráticos de la ciudadanía.

La denuncia en defensa del interés público -el de todos y todas- fue compatible con la puesta en marcha de un proceso de mediación que terminó en mayo pasado, tras confirmarse que no existía posibilidad de acuerdo, ante la obcecación de los ocupantes de no aceptar ninguna salida que no implicase seguir ocupando precisamente ese inmueble.

Desde Geroa Bai Iruñea hemos apostado y lo seguiremos haciendo por el apoyo al tejido asociativo, habilitando los espacios donde éste puedan desarrollarse. Por eso nos preguntamos, si lo realmente importante es el proyecto social, ¿por qué enrocarse en la intransigencia sobre dónde se lleva a cabo? Hoy en día no se da la falta absoluta de opciones que hace décadas pudo justificar al movimiento okupa. Este Ayuntamiento ha impulsado espacios directamente orientados a atender esas necesidades, como el proyecto Plazara, en el palacio Redín-Cruzat del Casco Viejo, Antzara en Mendillorri, Salesianas en la Txantrea, o el centro comunitario de Buztintzuri. En definitiva, existen opciones legales y democráticas donde pueden desplegar su propio proyecto, presentando una buena memoria y cumpliendo los mismos requisitos que se exigen a todos los grupos y colectivos sociales para hacer un uso regulado de los espacios que son de todos.

¿No será que lo importante no es el proyecto social, sino mantener la ocupación y forzar el desalojo policial? Desconozco las razones para ello, pero parece evidente que encajan como un guante en esa vieja estrategia de “cuanto peor mejor” que se usa ahora contra el Gobierno del cambio, identificado como el principal obstáculo para su “revolución del kalimotxo”.

Un desalojo impecable

Antes de que el juez ordenara el desalojo, el Gobierno realiza un nuevo intento de diálogo, rechazado por parte de los okupas “por problemas de agenda”. Una respuesta que se descalifica por sí misma y deja a las claras la nula voluntad negociadora de quienes se empecinan en seguir disfrutando por la cara de un bien común.

El viernes 17, a las 5:00 de la mañana, comienza finalmente el desalojo resuelto de manera impecable, sin apenas incidentes. En los disturbios posteriores se produjeron 6 heridos leves atendidos en el centro de salud. Basta rememorar otros desalojos para valorar en su justa medida la intervención policial en este caso.

Los accesos al palacio se sellan por técnicos de Patrimonio, pero algunos ocupas logran acceder al interior de un edificio -que es prácticamente imposible cerrar herméticamente- y utilizando sierras radiales cortan los cierres metálicos instalados y reokupan el local. En reunión con el Gobierno de Navarra, la Policía Foral desaconseja claramente un nuevo desalojo dada la elevada concentración de personas congregadas para entonces en la plaza de Navarrería. Una multitud, por cierto, irresponsablemente azuzada por determinados partidos que dicen una cosa en privado y en público sostienen otra diferente. La Policía Foral advierte además de que resulta imposible garantizar que el edificio no volviera a ser ocupado de nuevo, de producirse un segundo desalojo.

A la vista de tales informes, el Gobierno pide al juez el aplazamiento del desalojo, a la espera de que se dieran condiciones más favorables. Como es conocido, el juez decide archivar todo el caso, entendiendo que el Gobierno consentía la ocupación. Una postura que no es compartida por el Ejecutivo navarro, ni por Geroa Bai, puesto que ello supondría tanto renunciar al control de un bien público y permitir su privatización por la vía de la ocupación forzada e ilegal. Por esa razón la resolución judicial ha sido recurrida. En Geroa Bai estamos seguros que, más tarde o más temprano, un edificio que es de todos y de todas tendrá el uso que democráticamente decidan los representantes de todos. Y que los colectivos ciudadanos del Casco Viejo y el resto de la ciudad seguirán desarrollando sus iniciativas en los espacios creados para ello, de forma respetuosa, tolerante y participativa.

Una reflexión final. El caso de las ocupaciones por falta de locales municipales es un asunto que atañe básicamente a Pamplona y que debe resolverse principalmente en el ámbito municipal, desde la responsabilidad que tenemos los grupos municipales comprometidos con los ciudadanos y ciudadanas que confiaron en el cambio social y político en Iruña y en el resto de Navarra.

La autora es concejala de Geroa Bai en el Ayuntamiento de Iruña