Noticias de NavarraDiario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

Saltar al Contenido

Períodico de Diario de Noticias de Navarra

El Gobierno justifica las devoluciones exprés para evitar la violencia como el pp

La oposición reprueba los “bandazos” de Sánchez
PP y Cs usan la inmigración para forzar una crisis entre presidencia y Senado

Jueves, 30 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

pamplona- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió que la inmigración “ordenada, segura y legal es posible y deseable”, pero quiso dejar claro ayer que no consentirá la “violenta” ni aquella que “atente contra nuestro país”, porque “la humanidad no es igual a la permisividad”. Así lo aseguró en la Comisión de Interior del Congreso, donde compareció a petición propia y del PP para, entre otros asuntos, dar cuenta de la política migratoria del Gobierno en mitad de la polémica que ha suscitado su decisión de devolver a Marruecos al más de un centenar de inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta la semana pasada.

Marlaska defendió la “unidad” de esa política y no cree “contradictorio” que el Ejecutivo acogiera a los 629 inmigrantes del Aquarius en junio con que dos meses después haya devuelto a Marruecos al grupo que saltó la valla fronteriza en virtud de un acuerdo firmado con ese país en 1992. Lejos de provocar un efecto llamada, “lo del Aquarius fue un toque de queda a las instituciones europeas” sobre el reto migratorio y sirvió para que la UE comenzara a hablar de la necesidad de adoptar una política común para afrontarlo.

Por el contrario, la expulsión de 113 de los 116 inmigrantes -dos son menores y otro aguarda en un CETI tras haber requerido asistencia hospitalaria-, apenas 24 horas después del asalto, fue un mensaje claro a las mafias de que España no va a “permitir la inmigración violenta que atente contra nuestro país y las fuerzas de seguridad”. “El mensaje es que la inmigración ordenada, segura y legal es posible y deseable, pero no la ilegal y violenta”, avisó. Con todo, negó que se tratara de expulsiones en caliente, sino de devoluciones amparadas en un convenio bilateral firmado con Marruecos en 1992 y en las que se respetaron en todo momento los derechos de los inmigrantes, que estuvieron asistidos por intérpretes y abogados, y ninguno pidió protección internacional.

Asimismo, descartó que la celeridad con la que se hizo impidiera identificar posibles víctimas de trata, puesto que en su mayoría son mujeres y niños, y “ni unas ni otros” son los que protagonizan estos “violentos sucesos”. Igualmente, rechazó cualquier contraprestación económica a Marruecos por aceptar a este grupo: “No ha habido ningún pago ni ha habido nada”, zanjó.

Sus palabras no convencieron a la oposición y, desde el PP, José Alberto Martín-Toledano le acusó de dar “bandazos” con la inmigración, pasando del “buenismo del Aquarius” y “del que venga el que quiera” a “una improvisación total”, algo que atribuyó al “miedo electoral”.

Desde Podemos, Ione Belarra criticó el “giro radical” de la política migratoria del Ejecutivo, que “empezó bien diciendo que iba a quitar las concertinas” y ahora tiene que dar cuenta de una “devolución sumaria” contraria a las leyes internacionales y que recuerda “a las peores prácticas del PP”. “Bandazo tras bandazo” es como definió Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, la actuación del Ejecutivo, que “se limita a ir apagando fuegos allí donde vayan surgiendo”, sin tener un programa de gobierno en esta materia. “Liderar no es darse un paseo por la playa con Merkel”, le espetó.

Gabriel Rufián, de ERC, afeó al ministro que haya pasado de “convertir el puerto de Valencia en un plató de televisión a echar a patadas, como hacía el PP, a un centenar de inmigrantes”, transformándose así de un “Gobierno decente a una marca blanca” de los populares y Ciudadanos.

En el PNV, dijo Mikel Legarda, apuestan por una inmigración “reglada, responsable, ordenada y respetuosa de los derechos humanos” y “alejada de los discursos simples y alarmistas que la usan como arma arrojadiza”, mientras que Marian Beitialarrangoitia, de Bildu, advirtió que “responder con parámetros policiales y no humanitarios” genera estos sucesos.

A pesar de todo, Marlaska insistió en que mantendrá su política migratoria, que, explicó, está basada en la “solidaridad y la humanidad, y también en la seguridad”. Y “la humanidad no es igual a la permisividad”, zanjó.

La Diputación Permanente del Senado aprobó, con los votos de PP y Cs, la petición de comparecencia en periodo extraordinario, es decir, antes del 31 de agosto, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar sobre migración aunque es “imposible” que acuda por estar de viaje en Iberoamérica. La petición salió adelante por 21 votos a favor (del PP y Ciudadanos) y 8 en contra (PSOE).

El resto de partidos no participaron en la votación al opinar que era una forma de “instrumentalizar” el Senado por parte del PP y suponía votar algo “imposible”. Desde el PSOE, el senador Ander Gil describió la situación como “un episodio absolutamente rocambolesco, protagonizado por el nuevo PP”, que sabía que el presidente estaba fuera. Gil acusó a los populares de introducir en el debate migratorio “el argumentario de la nueva derecha europea”, en la línea en que, según Gil, también está Cs.

Ramón Espinar, portavoz de Unidos Podemos, definió el debate de un “sinsentido” provocado por el PP para “instalar” el tema de la migración en la agenda política y generar “una crisis institucional entre el Senado y la Presidencia del Gobierno”. Al igual que el PSOE, Espinar achacó al PP falta de liderazgo con Pablo Casado y querer instalar “la agenda de la extrema derecha europea en España para ver si rascan votos”. - D.N.