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El Gobierno se gasta más de medio millón de euros para defender a Llarena

Bélgica pide dejar a la Justicia decidir las consecuencias de la traducción errónea en la denuncia al juez

Viernes, 31 de Agosto de 2018 - Actualizado a las 06:01h

pamplona- El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación de España y del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la demanda civil que contra éste ha interpuesto el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers con un coste de medio millón de euros.

Según informa el Ministerio, una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, la documentación fue remitida a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la legación diplomática y el bufete firmaron el preceptivo contrato. El valor de la adjudicación asciende a 450.413 euros, a los que hay que sumar otros 94.568 en concepto de impuestos, lo que hace un total de 544.982 euros.

Una vez formalizado el contrato, el bufete Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick asumirá la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena para, de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado, defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, defensa que incluye la de Llarena, instructor de la causa del procés.

El viceprimer ministro belga y responsable de la cartera de Exteriores, Didier Reynders, pidió ayer dejar que sea la Justicia belga la que decida las consecuencias del error en la traducción al francés de las declaraciones del juez Pablo Llarena que la defensa del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont ha utilizado para presentar una demanda civil contra el magistrado en Bélgica. Las declaraciones originales de Llarena utilizadas para armar la demanda fueron realizadas en condicional para referirse a los encausados, mientras que en la traducción presentada en la denuncia parece que el juez afirma que cometieron los delitos de los que estaba hablando.

“Creo que hay que dejar a las autoridades judiciales trabajar juntas, es lo que intentamos hacer”, defendió Reynders a la prensa cuando se le pidió opinión sobre la polémica por la traducción, a su llegada a una reunión informal de ministros europeos a la que también asiste en Viena el titular español, Josep Borrell.

“El problema de la falsa traducción no es un problema menor, porque esa frase atribuida al juez Llarena es la única frase que aparece en el texto enviado al juez en los dos idiomas. No sé más que eso, pero ya es suficiente como para pensar cómo se ha podido producir una situación que no es anecdótica”, resumió Borrell por su parte. Sobre la tensión por la colocación y retirada de lazos amarillos, explicó que es un asunto que debe ser tratado “como está previsto” en la próxima reunión sobre seguridad que mantengan el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Catalunya. - D.N.