Una oportunidad para Alsasua

Jon Arrieta Alberdi - Domingo, 2 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 11:04h

Desde el principio de este asunto se abrieron dos vías que han tenido un camino paralelo. Por una parte el incidente como tal traducido en una serie de agresiones con resultado de lesiones. De momento, se ha pronunciado al respecto la Audiencia Nacional en su sentencia de 1 de junio pasado. En ella se descartan los delitos de terrorismo y de odio, que son los que habían motivado la denuncia de Covite que, a su vez, hizo posible la trayectoria procesal especial de la Audiencia Nacional. Se debaten en sede judicial aspectos esenciales y determinantes en relación al desarrollo del proceso, como la recusación de la presidenta del tribunal sentenciador, la denegación de pruebas, la seguridad y exactitud en los reconocimientos de las personas de los autores, la intervención de estos en los hechos según las fases y momentos en que se produjeron, es decir, la autoría misma… En suma, está aún pendiente de avance el curso procesal del asunto. Pero al mismo tiempo se abrió una cuestión social en la medida en que se puso en cuestión la convivencia cotidiana en Alsasua. La respuesta fue la de la negación de los motivos aducidos respecto de la división social en el pueblo y de la exclusión de una parte de sus vecinos, con negación también de la conexión entre un rechazo organizado de la presencia de la Guardia Civil en el pueblo y las agresiones en el bar Koxka. La reacción del pueblo de Alsasua culminó en una manifestación con gran afluencia de público con la vista puesta en la libertad de los detenidos y en una convivencia en paz. En este artículo queremos plantear la posibilidad de volver al espíritu y contenido de aquella manifestación, partiendo de la idea de que no es tarde para intentarlo. El aliciente principal para ello es que después de casi dos años el caso de Alsasua sigue pareciendo un atolladero en el que no creo que ninguno de los perjudicados pueda sentirse satisfecho. Vayamos por partes.

Los acusados. Desde luego, los acusados, además de haber arrastrado la consideración de terroristas, muy extendida en gran parte de la opinión pública, no pueden cargar, además de estar en prisión, con el argumento que tanto se usa, desde otras perspectivas, de que no se han distinguido debidamente los agresores de las víctimas. Es el punto en el que, seguramente, más se mezclan y confunden las dos facetas de este caso: la procesal-penal y la social. No estamos en un debate teórico sobre las relaciones de convivencia en pueblo en el que puede haber situaciones de exclusión que deben ser atendidas, sino ante la prisión penal efectiva de un grupo de personas que han sido condenadas por, según la sentencia, haber llevado esa postura de exclusión a una agresión y unas lesiones. En este debate, ya en el plano de la opinión pública, salen a relucir, de forma muy gráfica, las alusiones a que en todas las manifestaciones en favor de los presos nadie se acuerda de las víctimas. Es un buen argumento, muy efectivo para desautorizar a los manifestantes y neutralizar sus posibles efectos. Pero debe tenerse en cuenta que se han celebrado, por ejemplo, y especialmente, la última de Pamplona de 16 de junio pasado, para protestar ante la excesiva gravedad de las penas. No se puede deducir, sino todo lo contrario, que en estas manifestaciones se niegue la condición de víctimas a quienes, a estas alturas, han ejercido su denuncia en un juicio que ha condenado a siete presuntos autores a entre nueve y trece años de prisión, que, por cierto, están ya cumpliendo.

Las acusaciones. La más directamente afectada ha sido la propia Guardia Civil. Para hacer un balance de la situación y opinión de la Guardia Civil en esta cuestión, con especial atención a los guardias civiles residentes en Alsasua, resulta muy ilustrativa la entrevista con el nuevo mando de la Guardia Civil en Navarra, el coronel José Santiago Martín Gómez, publicada en DIARIO DE NOTICIAS el pasado 18 de mayo. El coronel Martín Gómez, después de visitar el cuartel de Alsasua acompañado del Director General de la Guardia Civil, aseguraba que la situación era normal y que los guardias civiles se encontraban perfectamente. Pero iba mucho más allá, haciendo votos para mejorar la relación con los vecinos, especialmente con aquellos que mantenían una posición de rechazo o desconfianza hacia la Guardia Civil. Ofrecía el trabajo diario para conseguirlo, mediante la demostración de que su labor es positiva para todos.

Ahora bien, la Guardia Civil ha intervenido también en el proceso como acusación popular, a través de la Asociación de Guardias Civiles. Pues bien, en vísperas del juicio en la Audiencia Nacional, Ramón Rodríguez Prendes, secretario general de la Unión de la Guardia Civil, asociación profesional de miembros de este cuerpo, salía satisfecho de la reunión que acababan de celebrar con el alcalde de Alsasua, Javier Ollo, en la que se le agradecía la condena de los hechos que hizo en su día y se le pedía que "lidere un gesto o un esfuerzo por trabajar en pos de la normalidad y por intentar que la relación de los compañeros destinados en Alsasua con el resto de los ciudadanos del pueblo sea lo más normal posible".

En la doble faceta que presenta este asunto, la penal y la social, a estas alturas podemos considerar como parte afectada al propio pueblo de Alsasua y, en particular, a su alcalde, Javier Ollo. Se ha dicho que las autoridades no han hecho nada para reconocer a las víctimas o condenar los hechos. No es cierto en lo que se refiere a la autoridad más afectada: el propio alcalde de Alsasua. En primer lugar, condenó los hechos inmediatamente después de producidos. En segundo lugar, hizo unas declaraciones en las que expresaba su autocrítica clara y definida en cuanto a una mayor atención y relación con los afectados, la propia Guardia Civil. Puede leerse su declaración en forma de entrevista en el Diario de Noticias de Navarra del miércoles 13 de septiembre de 2017 (pag. 35). El joven alcalde, de 26 años, responde así a la pregunta de si tuvo algún gesto de cercanía con los agentes y sus parejas: "Como Ayuntamiento, nos hemos centrado en los meses posteriores en ese tratamiento mediático y en la desproporción de petición de penas. Quizás hemos descuidado otros ámbitos importantes. Es una autocrítica personal. No hubiese tenido ningún problema [en] haberme reunido con los dos guardias civiles y sus parejas …hago una autocrítica personal". Esa reunión tuvo lugar justo un mes más tarde, al cumplirse un año de los hechos juzgados en ese momento en la Audiencia Nacional, y de ella salió satisfecho, como hemos visto, el Secretario General de la Unión de la Guardia Civil.

Nos encontramos, pues, ante el hecho de que por una parte se plantea una mejora de la convivencia y de la estimación de la población de Alsasua hacia la Guardia Civil, y por otra siete jóvenes de la localidad están sufriendo una condena de prisión que puede llegar a ser muy larga. Cuesta creer, leyendo las sensatas declaraciones del coronel Martín Gómez o las consideraciones de la Unión de la Guardia Civil tras su reunión con el alcalde, que se pueda ver como positiva de cara a la normalidad de la convivencia una larga prolongación de la prisión para los condenados por la sentencia de la Audiencia Nacional.

Todo ello confirma que estamos ante una cuestión que se manifiesta tanto en el plano judicial como en el social, que es, en el fondo, el que más incidencia tiene en lo que nos puede y debe interesar de cara al futuro. Desde esa perspectiva puede plantearse la existencia de un elemento compartido: nadie quiere que esto se repita. La experiencia vivida puede y debe servir de base no solo para que un hecho como el ocurrido no vuelva a suceder, sino para que la vida cotidiana sea de convivencia normalizada para todos los vecinos, sin exclusiones. Los guardias civiles y sus familias deben contar con la garantía de que así sea, y este resultado les puede compensar mucho más y mejor que una larga pena de prisión para los acusados, con quienes van a tener que seguir conviviendo cuando salgan, así como con sus familiares y amigos. Mientras el proceso judicial sigue su curso, tres de los acusados llevan casi dos años en prisión preventiva y en junio se unieron a ellos otros cuatro, por lo que resulta inaceptable el argumento de que "no se distingue" a los agresores de las víctimas.

Como se ha indicado más arriba, una cosa es el juicio y la actuación de los jueces y la defensa de los acusados, y otra la cuestión social generada. Es en esta última donde, por todo lo expresado en los párrafos anteriores, se produce una magnífica oportunidad para el logro de varios objetivos, como la evitación de una posible postura de resentimiento y disposición hacia actitudes de revancha o el favorecimiento de un clima de seguridad y confianza en las relaciones pacíficas en la vida cotidiana. Se puede aspirar también, confiando en que no sea demasiado tarde, a borrar en la medida de lo posible el recuerdo y sentimiento ocasionado por la detención y la prisión. Que sea lo más breve posible, mediante el paso a situación de libertad provisional con las medidas de seguridad correspondientes. Ciertamente, es fundamental que no tengan lugar actos contrarios a los objetivos propuestos. Todo este planteamiento perdería gran parte de su sentido si volviera a actuar Alde Hemendik o si se celebrara otro Ospa Eguna, así como carteles, pintadas etc. Este tipo de actos se evitaron el año pasado, y tantos motivos o más hay para hacer lo mismo este año.

Para finalizar estas reflexiones, que pueden plantearse como propuestas basadas en el estado actual de la cuestión, quiero traer aquí la imagen captada en una sesión del juicio a la que asistí. Las sicólogas que presentaron el estado de la víctima y a la vez testigo María José Naranjo, manifestaron que no tenía ella nada personal contra los acusados y que incluso podría sentir acercamiento y empatía hacia ellos. Estamos muy lejos de lo que esa postura representa, pero con consecuencias negativas para todas las partes, al menos si se pone la vista con seriedad en una mejor situación en el futuro del pueblo de Alsasua.

Se podrá decir, quizá con razón, que estas ideas están dominadas por el buenismo y las intenciones ingenuas. Pero invito a quienes lo piensen a que sometan la cuestión a la posición contraria: la meramente pragmática y utilitarista, válida y frecuentemente eficaz en estos casos en que es conveniente tener en cuenta los provechos mutuos, la conformidad con los ya conseguidos y el cálculo de los que, a medio y largo plazo, pueden alcanzar todas las partes. En este sentido, podría caber alguna nueva muestra de reconocimiento hacia los perjudicados, pero sin olvidar que, a estas alturas, tendría que estar equilibrada con la finalización de las penas que padecen los acusados que, vuelvo a repetir, han cumplido ya casi dos años de condena.

El autor es profesor de la Universidad del País Vasco y familiar de uno de los acusados.


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