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Títulos bajo sospecha

Rigen los mismos principios de exigida transparencia y fiabilidad en los casos de los títulos de posgrado de Pablo Casado y de Carmen Montón: ni aprobado general ni condena previa

Martes, 11 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h

La titulitis es un mal tan real que la propia real Academia de la Lengua la incluyó en su diccionario a principios del presente siglo. Se refiere a ella como la “valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de los conocimientos de alguien”. Un mal que algunos consideran endémico y que debe ser distinguido del anhelo por formarse mejor y prepararse profesionalmente para el ejercicio de un empleo. Algo así argumentó ayer la ministra de Sanidad, Carmen Montón, a la hora de defenderse de la acusación de que también ella -como el presidente del PP, Pablo Casado- se habría beneficiado presuntamente de algún que otro regalo en la obtención de un máster impartido por la Universidad Rey Juan Carlos. Montón reaccionó en cuestión de horas a la publicación de las presuntas irregularidades haciendo acopio de documentación. Su rueda de prensa no difirió demasiado de la primera reacción del propio Casado y no hay motivo para que en este caso no rijan los mismos principios de exigible transparencia y veracidad. No cabe hacer causa común ni para condenar ni para salvaguardar colectivamente a ambos. En ese sentido, al consiguiente ruido no puede sustituir la constatación fiable de los hechos. En este punto, hay una sustancial diferencia -al menos en este momento y circunstancias- entre ambos casos. Solo uno de ellos es objeto, que se sepa, de instrucción judicial. No hay indicio que afirme o descarte que en el futuro el máster de la ministra de Sanidad no vaya a ser causa de investigación equivalente al del presidente del PP pero, hasta la fecha, los indicios recopilados por una juez han derivado en una solicitud de intervención del Tribunal Supremo para que determine si lo que ella considera “indicios de responsabilidad penal” en el proceder de Casado es compartido y deriva en una acusación formal. Es una diferencia sustancial a la hora de comenzar a exigir responsabilidades políticas. Las del presidente del PP han sido lavadas, en primera instancia, por sus militantes, pero un eventual proceso de inhabilitación lo cambiaría todo. Las de la ministra, en tanto no lleguen exigidas por una acción judicial que certifique la existencia de sospechas, sólo están en manos del presidente del Gobierno. Entre tanto, todo lo que se diga es pura esgrima política de salón.

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