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ERC aborta la vía abierta por el PDeCAT sobre el respeto a la ley

Campuzano había aceptado acotar el marco negociador en una moción sin el respaldo de ERC

Jueves, 13 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:01h

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, conversa con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ayer en el Congreso.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, conversa con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ayer en el Congreso. (Foto: Efe)

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El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, conversa con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ayer en el Congreso.

Pamplona- Durante unas pocas horas, el problema catalán estuvo a punto de entrar en una vía para la solución o para complicarse aún más, pero en cualquier para cambiar de rumbo. Para sorpresa del independentismo, el PDeCAT aceptó acotar al ámbito “del ordenamiento jurídico vigente” su moción de mayo en la que reclamaba una salida para que los catalanes puedan decidir su futuro de forma democrática y “sin imposiciones ni impedimentos”. El PSOE había introducido ese acatamiento de la legalidad vía enmienda sin tocar una coma más del texto original, y los neoconvergentes, o al menos su grupo en el Congreso, asumieron el riesgo, ellos que hace un año eran fervientes partidarios de la línea unilateral ante la incapacidad para el diálogo del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El PDeCAT era consciente del movimiento que acaba de probar y pedía a Sánchez que lo apreciara y actuara en consecuencia. Tras recalcar que la Diada del martes “expresó el fracaso de la política represiva”, Campuzano reclamaba a Sánchez que tuviera “la audacia política de Suárez en 1977”, cuando se permitió la vuelta de Tarradellas a España y la restauración de la Generalitat de Catalunya. Celebraba, además, que la moción “va a suponer el primer mandato político de la Cámara desde 2012 que insta a dialogar para hacer frente a la situación que se vive en Catalunya”.

El PSOE, o más bien el PSC, por boca de José Zaragoza, acusaba al independentismo de seguir anclado en la autodeterminación y de no haber querido el diálogo, pero en todo caso, reivindicaba esa vía del diálogo y esperaba acontecimientos con la tranquilidad de que con su enmienda quien se la jugaban eran los catalanes, toda vez que la coletilla añadida hacía el texto aceptablemente digerible en España.

Faltaba para rematar la jugada el apoyo de ERC, en los últimos meses más posibilista que el PDeCAT y con su líder en la cárcel, pero que ayer no terminaba de decidirse, quizás abrumada por el efecto sorpresa ante lo que acababa de suceder. El portavoz republicano, Joan Tardá, abogaba por “empezar a caminar” en un diálogo “sin cortapisas”, una frase que podía servir tanto para respaldar la moción como para lo contrario, pero más tarde su compañero, Gabriel Rufián, anunció la abstención de ERC porque el diálogo “no debe tener límites” y mucho menos los impuestos “desde despachos que retuercen las leyes a su antojo”. Las cuentas ya no salían en la Cámara, la supervivencia o defunción de la moción dependía de Coalición Canaria.

La decisión de los republicanos daba al traste con el movimiento del PDeCAT, o de Campuzano, pero no de forma inmediata. Desde Barcelona llegaba el avala al grupo del Congreso, que verbalizó el portavoz adjunto de JxCat en el Parlament , Eduard Pujol. “No es una renuncia, sino avanzar”, afirmó, según informó Europa Press.

Sin embargo, las críticas iban arreciando apenas 24 horas después de que el independentismo volviera a mostrar la anhelada unidad en la primera Diada que vio Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. También se extendía el desconcierto. Finalmente, a última hora de la tarde el PDeCAT daba a conocer que retiraba la moción.

Ahora ya será una incógnita hasta dónde podría haber avanzado la vía que trató de abrir Campuzano, quien argumentaba que el ordenamiento jurídico permite poner en marcha un referéndum sobre la independencia.

El PSOE rechaza de plano esta posibilidad a la vez que fía la resolución de la cuestión territorial a una reforma constitucional que no termina de llegar, mientras lanza a la Generalitat ofertas para aprobar un nuevo Estatut que colme las ambiciones de una mayoría suficiente de catalanes.

Borrell y los presos El movimiento del PDeCAT se produjo en un contexto en el que el Ejecutivo socialista ha combinado las llamadas a la concordia con gestos que indican que el artículo 155 y la solución policial pueden ser reactivados en cualquier momento. La defensa cerrada del juez Llarena o el envío de centenares de antidisturbios a Catalunya han sido el contrapunto a las reuniones entre ambos gobiernos a iniciativa de Madrid, la normalidad en la que el ministro del interior, Marlaska, enmarcaba dichos traslados de policías;o el posicionamiento en la BBC de Josep Borrell en contra del encarcelamiento de los independentistas.

La CUP ayer al PDeCAT y al PSOE de “vulnerar gravemente la voluntad del pueblo” al pactar una la moción que insta a la Generalitat y al Estado al diálogo dentro de la ley. En un comunicado, la formación anticapitalista subrayó que esta misma semana, durante la Diada, “más de un millón de personas salieron a la calle para reivindicar el derecho al ejercicio de la autodeterminación”. El texto que se debatió ayer en el Congreso “es una muestra más de la intención de cerrar en los despachos lo que la gente, de forma autoorganizada, ha conseguido reivindicando en las calles”, criticó la CUP. A juicio de esta formación, la moción refuerza la idea de que el Govern practica el “procesismo 2.0”, ya que habla “simbólicamente” de implementar la república mientras, en paralelo, “regresa a la gestión neoliberal de una autonomía sometida”, informó Efe. - D.N.

Los jueves

Querella contra el CGPJ por lamela

Prevaricación. La Asociación Atenas de Juristas por los Derechos Civiles ha ampliado su querella contra todo el Consejo General del Poder Judicial denunciando que la jueza de la Audiencia Nacional que arrebató las competencias al TSJC para procesar y enviar a prisión a los políticos catalanes independentistas fue después nombrada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo por delante de muchos otros candidatos mejor preparados y a pesar de su incorrecta emisión de euroórdenes luego retiradas. Esta explosiva querella, presentada por la Associació Atenes de Juristes Pels Drets Civils el pasado abril -en un escrito expositivo de 62 folios, detallando numerosos casos concretos, que fue firmado por el magistrado del caso Blesa Elpidio José Silva Pacheco-, acaba de ser ampliada para incluir otro ejemplo de presunto “abuso sistemático de la discrecionalidad prevista para la designación de los profesionales llamados a ocupar determinados órganos judiciales”. Pero en este caso se trata de la jueza Carmen Lamela Díaz, quien adquirió notoriedad por enviar a prisión a todos los dirigentes soberanistas catalanes que acudieron a sus citaciones ante la Audiencia Nacional, incluidos los dos Jordis (Sánchez y Cuixart) y el líder de ERC, Oriol Junqueras.