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Borrell minimiza la venta bombas porque no causan “daños colaterales”

La rectificación del Gobierno reactiva el contrato con Arabia Saudí para construir 5 corbetas en Cádiz

Viernes, 14 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Borrell, con la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, María Dolores de Cospedal, antes de comparecer en dicha comisión.

Borrell, con la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, María Dolores de Cospedal, antes de comparecer en dicha comisión. (Foto: Efe)

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Borrell, con la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores, María Dolores de Cospedal, antes de comparecer en dicha comisión.

madrid- El Gobierno ha decidido mantener el contrato de venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí porque “no ha encontrado ninguna razón” para incumplirlo, una medida que ha llevado a los trabajadores de Navantia a parar sus movilizaciones.

El encargado de confirmar el mantenimiento del contrato fue el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien evitó polemizar “en público” con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se opuso a la venta de las bombas.

Borrell confirmó que las 400 bombas se trata de un “armamento de precisión”, guiado por láser, que “no produce efectos colaterales en el sentido de que da en el blanco que se quiere con una precisión extraordinaria”.

Borrell, aseguró ayer, antes de comparecer en la Comisión de Asuntos Exteriores, que la decisión de mantener el contrato de venta fue del Gobierno “en su conjunto” y que se comunicó “oficialmente” al país.

El Ministerio de Defensa avanzó el pasado 4 de septiembre que se cancelaría el contrato y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en enero de 2015.

“El contrato ha pasado tres veces la comisión interministerial que autoriza la venta de armas”

josep borrell

Ministro de Asuntos Exteriores

Sin embargo, el Gobierno precisó después que ese contrato de venta de armas estaba en estudio, que no se había adoptado una decisión en firme y que su cancelación era una mera declaración de intenciones por parte de Defensa.

La cancelación de la venta de las bombas puso en peligro el contrato de Arabia Saudí para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia, cuyos trabajadores han protagonizado desde entonces una oleada de protestas.

suspenso de las movilizacionesAyer, la plantilla del astillero de San Fernando (Cádiz), encargado de construir los buques, acordó en asamblea suspender las movilizaciones. El presidente del comité de empresa, Jesús Peralta, explicaba que “parece ser que el Gobierno ha agilizado las gestiones y que la diplomacia española ha hecho su trabajo”.

Peralta añadió que ha sido la plantilla la que ha conseguido que el Gobierno sea capaz de rectificar y de “llevar su política industrial por buen camino” y ha confiado en que “no haya ningún obstáculo más”.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, contactó ayer con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para agradecerle que se haya conseguido “dar seguridad” a los 6.000 trabajadores de los astilleros de Cádiz. También la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se refirió a la decisión del Ejecutivo de mantener el contrato de venta de bombas y aseguró que “es importante que España cumpla sus compromisos”. El Gobierno, dijo Batet, “tiene la obligación de garantizar los puestos de trabajo en una industria capital para nosotros, como es Navantia”

Según explicó Borrell, el Gobierno no ha encontrado motivos para rescindir el contrato;ante el argumento de que Arabia Saudí podría utilizar las bombas contra la población civil de Yemen, recordó que ese armamento es de precisión y, por tanto, no provoca efectos colaterales. “Este contrato está firmado hace tres años. Ha pasado tres veces por la comisión interministerial que autoriza la venta de armas y no hemos encontrado ninguna razón para no cumplirlo”, recalcó el ministro de Exteriores. En cuanto a si el Gobierno recibió garantías de que no se usarán contra población civil, respondió que se trata de armamento “de precisión”, destinado a objetivos militares de “alta resistencia y alta precisión” mientras que son las bombas menos sofisticadas las que pueden producir de manera más frecuente y más probable “dramas humanitarios”. En ese sentido explicó que se van a revisar los criterios con los que se conceden las autorizaciones de exportación de armas “para poder hacer un trazado y garantizar cuál va a ser su uso”.

En el lado contrario, Julio Rodríguez, secretario general de Podemos en Madrid y exjefe del Estado Mayor de la Defensa, instó al Gobierno a “cumplir la ley”, que, dijo, “establece que no se puede vender armamento a países implicados en conflictos o que violen los derechos humanos” y que no hay que asociar el tema únicamente al contrato. Amnistía Internacional ha documentado el uso de estas bombas en varios incidentes en Yemen. Entre otros, el ataque a una vivienda en Saná en la que murieron dos padres y cinco de sus hijos menores de edad en agosto de 2017. En agosto de 2016, otro Paveway impactó en un hospital de Médicos sin Fronteras, causando la muerte de 11 personas. - D.N.