12.000€ de fianza a UPN para ejercer de acción popular

El Tribunal Supremo impone una consigna a los regionalistas antes de decidir si admite o no su querella sobre el gaztetxe

Martes, 25 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Un agente, durante el desalojo.

Un agente, durante el desalojo. (Foto: Javier Bergasa)

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Un agente, durante el desalojo.

pamplona- UPN tendrá que abonar 12.000 euros por adelantado si quiere continuar ejerciendo como acción popular en la querella contra una consejera del Gobierno de Navarra, María Solana, a cuenta del gaztetxe Maravillas de Pamplona. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo (TS) en un auto de carácter previo a que decida sobre si admite a trámite la citada querella, que fue interpuesta contra la consejera portavoz porque en el momento de los hechos objeto de la causa sustituía a la titular del departamento de Presidencia e Interior, María José Beaumont. La querella fue presentada el 31 de agosto por el líder de los regionalistas Javier Esparza por los presuntos delitos de prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos en relación con un delito de malversación y otro sobre el patrimonio histórico.

En un auto conocido ayer, la Sala Segunda de lo Penal del TS asume la instrucción y el enjuiciamiento de la causa dada la condición de aforada de la querellada, tal y como queda recogido en el Amejoramiento. También considera pertinente la personación de la acusación particular, pero antes de decidir si admite a trámite la querella o la rechaza, impone a UPN una fianza de 12.000 euros para ejercer la acción popular que pretende. Los regionalistas tienen ocho días de plazo para consignar en metálico la fianza, lo que según anunciaron ayer tienen intención de hacer. Recuerdan que el Palacio Marqués de Rozalejo es un edificio del siglo XVIII, propiedad del Gobierno de Navarra, que “goza de un grado de protección especial por su valor histórico y arquitectónico en el que, según se ha sabido, los okupas han realizado obras ilegales sin control alguno por parte de la Administración”.

“fianza proporcional”En su argumentación, el Tribunal Supremo recuerda que la acción popular lleva consigo la prestación de una fianza, “que deberá ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso negándole así su derecho a la tutela judicial efectiva”.

En ese sentido, señala que no pueden exigirse fianzas que, “por su inadecuación, impidan el ejercicio de la acción popular”, tras lo que la sala estima que una fianza de 12.000 euros satisface las exigencias legales.

Cabe recordar que el gaztetxe fue desalojado el 17 de agosto y vuelto a ocupar a las pocas horas del mismo día, situación en la que se encuentra en la actualidad. Desde entonces, el asun- to ha sido recurrente para los partidos de la oposición tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento, con continuas iniciativas para reclamar su desalojo.

Razones de seguridad obligaron a los responsables de Interior a no forzar un segundo desalojo, mientras se busca algún tipo de interlocución que permita una salida consensuada a la situación actual. El objetivo del Ejecutivo es habilitar el Instituto Navarro de la Memoria Histórica en el citado palacio, construido en el siglo XVIII y propiedad del Gobierno. - D.N.