La comisión de Relaciones Ciudadanas ha dejado listo este miércoles el dictamen sobre la proposición de Ley Foral para la modificación de la Ley Foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, que se votará con el único previsible rechazo de NA+.

Así lo avanzan sus seis votos en contra de hoy frente a los 9 de apoyo que sumaban en comisión el resto de los grupos para sacar adelante dos enmiendas firmadas por PSN, Geroa Bai y Podemos, que ha defendido Uxue Barkos como "de carácter técnico", que "mejoran sustancialmente" la redacción inicial y que se han presentado a sugerencia de los servicios técnicos de la Cámara.

Con los mismos apoyos ha salido adelante el resto del dictamen de la proposición que, tras su toma en consideración y una vez dictaminada, será elevada a Pleno, previsiblemente el día 30 de junio, para su definitivo debate y votación.

Impulsada por PSN, Geroa Bai y Podemos pretende solventar los problemas de aplicación que, en lo relativo a la asistencia sanitaria y a las indemnizaciones por daños físicos, psicológicos y materiales, ocasiona la remisión a la Ley Foral de ayuda a las víctimas del terrorismo de 2019 con un contenido similar al de la de 2015, anulada en su mayor parte por el Tribunal Constitucional, al considerar que invadía competencias del Poder Judicial.

Así, y de conformidad con el principio de "no discriminación", se pretende soslayar el riesgo que, dado el carácter complementario de estas ayudas respecto a las concedidas por la Administración General del Estado, que no compensa a las víctimas de motivación política, supondría tratar de corregir esa desigualdad por la vía reglamentaria.

Para ello, y en aras a dotar de la necesaria seguridad jurídica a la equiparación protectora entre colectivos de víctimas diferenciados (de terrorismo/de motivación política), se elimina la remisión a la Ley Foral de 2019 (retribuye el 30 % de la indemnización estatal) y se establecen prestaciones concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos políticos.

Las cantidades estipuladas a modo de resarcimiento oscilan entre los 500.000 euros en caso de gran invalidez y los 75.000 euros por incapacidad permanente parcial. El fallecimiento se repara con 250.000 euros, la incapacidad permanente absoluta con 180.000 y la incapacidad permanente total con 100.000 euros.

Por otra parte, la asistencia sanitaria o psicológica correrá a cargo del SNS-Osasunbidea y, cuando no fuera posible, se abonarán los gastos devengados por servicios y tratamientos individuales en otros centros.

Las compensaciones por daños materiales tendrán carácter subsidiario respecto de los reconocidos por las Administraciones Públicas o contratos de seguro, reduciéndose en la cantidad percibida por estos conceptos.

En cuanto a la Comisión de Reconocimiento y Reparación, órgano encargado de analizar las solicitudes de reconocimiento de la condición de víctima de motivación política, se acuerda que las personas que lo integren tendrán derecho al devengo de dietas y gastos si no pertenecen a la Administración Pública.

En el debate de hoy, la mayoría de los grupos se han limitado a confirmar sus posturas y el apoyo a las enmiendas técnicas en el caso de la mayoría, aunque Marisa De Simón (I-E) ha deseado que la ley, "de recorrido muy complicado", entre en vigor definitivamente para satisfacción de unas víctimas que nunca han sido reconocidas como tales pese a haber sido objeto de "una violencia más ilegítima si cabe", lo que precisa de "una compensación", pese al "hándicap" que supone la consideración de algunos hechos como "secretos de Estado".

También ha intervenido Iñaki Iriarte (NA+), quien ha mostrado su rechazo a la modificación y a la misma ley, pese a constatar "el derecho a la justicia y a la verdad" de las familias Zabala o Arregi, ha dicho en referencia a dos conocidos casos navarros enmarcados en la competencia de esta ley, aunque ha considerado que "ese derecho no nos corresponde a nosotros ni a la comisión" que nombrará el Parlamento para otorgar la condición de víctimas.