El Estatuto del Artista es un avance indudable. Por primera vez, reconocer las especificidades de las profesiones de la cultura en los ámbitos fiscal, laboral, social y educativo se convierte en política de Estado. Así lo demuestran las medidas aprobadas recientemente por el Gobierno central, que incluyen una prestación por desempleo, encuadres más acertados de los distintos oficios en el IAE, una mejor compatibilidad de las pensiones de jubilación con el cobro de los derechos de propiedad intelectual y la modificación del reglamento del IRPF para reducir las retenciones y disponer de más liquidez. Además, la nueva normativa afecta no solo a los artistas, sino también a los técnicos. Sin embargo, aun quedan grandes lagunas para que el sector alcance la tan ansiada dignificación profesional. Por ejemplo, queda por encontrar el modo de reconocer la intermitencia de los trabajadores autónomos de la cultura, es decir, cómo se retribuye el tiempo que pasan ideando, ensayando o preparando un proyecto y cómo accederán al subsidio de desempleo, y cómo se reconocerán las enfermedades generadas por el desempeño de distintas labores en este sector. También está pendiente la ley que regule las enseñanzas artísticas tanto en los institutos y universidades como en la FP.

Todas estas cuestiones se han reflejado este martes 21 de febrero en la jornada divulgativa organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte y la Dirección General de Cultura del Gobierno de Navarra. Ha representado al ministerio la navarra Adriana Moscoso del Prado, directora de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, y por parte del Ejecutivo foral ha estado en la mesa la consejera de Cultura y Deporte, Rebeca Esnaola. Las dos han hablado ante un auditorio formado por medio centenar de profesionales navarros del teatro, la danza, la creación plástica, la música, la gestión y mediación cultural y el audiovisual que al finalizar han confesado haber echado en falta algún tipo de apoyo documental en el que leer las distintas medidas que se fueron enumerando solo de viva voz, sin ninguna clase de soporte visual. En este punto, Moscoso ha recomendado a los presentes el epígrafe dedicado al Estatuto del Artista que existe en la página web oficial del Ministerio.

Desde 2017. Un trabajo transversal

Tal y como ha indicado Rebeca Esnaola, aunque todavía “queda camino por recorrer”, los compromisos adoptados hasta la fecha contribuyen a “construir carreras profesionales más dignas”, en un sector “muy atomizado”, marcado por sus “estructuras frágiles”, “intermitencias” y la “ausencia de una formación regulada”. Por su parte, Adriana Moscoso ha lamentado que, tradicionalmente, este no haya sido un sector valorado a la hora de establecer políticas de Estado. Visión que “ha cambiado ahora” con la adopción de estas medidas fruto de un largo camino que arrancó con una subcomisión en el Congreso de los Diputados en 2017, dando un primer paso “fundamental” en 2018 con una primera batería de propuestas que el Pleno de la cámara aprobó por unanimidad. Desde ese momento, se creó una comisión interministerial que ha servido para que otros departamentos del Gobierno central hayan sabido de las especificidades de un ámbito bastante desconocido y que aporta el 3,5% al PIB nacional.

El proceso ha sido largo, pues, y la pandemia lo ralentizó aun más, pero a la vez permitió que el Ejecutivo contemplara las industrias culturales y creativas como “una de las diez políticas palanca” diseñadas para salir de la crisis y que se nutren de los fondos europeos Next Generation. En ese sentido, en 2021 se volvió a reunir la citada comisión interministerial para “impulsar” de manera definitiva el Estatuto del Artista, liderada por el Ministerio de Cultura, que, curiosamente, “es el único que no tiene competencias” para decidir sobre ninguna de las cuestiones implicadas: fiscalidad,cuestiones laborales, educación... De dicha comisión emanaron cuatro grupos de trabajo a la que se incorporaron profesionales del sector y que se han reunido hasta en 80 ocasiones.

Primer bloque de medidas. Nuevo contrato laboral

La representante del Ministerio de Cultura contó que ya en marzo 2022 se dio un paso importante en el desarrollo de esta nueva normativa, modernizando el decreto de 1985 de Régimen Laboral Especial, sumando los técnicos a los creadores e intérpretes. “Por primera vez se crearon marcos legales y específicos para la actividad artística”, promoviendo un nuevo contrato laboral “que tiene en cuenta la intermitencia”, tratando de impulsar, así, la contratación fija discontinua. Y “atajando la contratación de falsos autónomos”. Este cambio integra también los nuevos formatos, de creación del mundo digital. 

Compatibilizar pensiones y derechos de autor

Después de esas primeras medidas, a comienzos de 2023 se ha aprobado otro decreto que, en materia de Seguridad Social, “completa la compatibilidad entre la pensión de jubilación y la percepción de derechos de propiedad intelectual” del creador, el intérprete y el ejecutante, y se extiende este derecho a las pensiones no contributivas.

Adriana Moscoso del Prado, directora de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura. Oskar Montero

Prestación por desempleo

En el ámbito laboral, una de las “medidas estrella” ha sido la prestación de desempleo de entre 480 y 600 euros, un máximo de cuatro meses por año, para artistas y técnicos. “Cuanto más cotización, más protección social”, afirmó Moscoso, que detalló quién tendrá derecho a este subsidio. Habrá dos vías de acceso: o acreditar 60 días cotizados durante los 18 meses anteriores o 180 días en los seis años anteriores. 

Además, recientemente se ha aprobado otro decreto que señala que las asociaciones profesionales podrán actuar de representantes de sus miembros al igual que lo hacen las asociaciones de consumidores.

Reducción de las retenciones del IRPF

Entrando en la fiscalidad, “los avances son más modestos”. “Hacienda es Hacienda y las reformas aquí son más difíciles”, admitió la responsable de Industrias Culturales. Aun y todo, la nueva normativa incluye una modificación del reglamento del IRPF, de modo que se establece la reducción del 15% al 2% del tipo mínimo de retención aplicable a los rendimientos del trabajo, y del 15% al 7% en relación con las actividades económicas desarrolladas por los artistas. Para ello será necesario que el artista hubiera obtenido en el período impositivo anterior unos rendimientos íntegros de tales actividades inferiores a 15.000 euros y que estos representen su principal fuente de renta. 

Asimismo, la Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, ha modificado las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), para: compositores, letristas, arreglistas y arregladores musicales (nuevo grupo 034 de la Sección tercera de las tarifas); escritores y guionistas (nuevo grupo 864 de la Sección segunda de las tarifas), y otros profesionales relacionados con las actividades artísticas y culturales no clasificadas en la sección tercera (nuevo grupo 899 de la Sección segunda de las tarifas). “Así existirán criterios más homogéneos a la hora de dar de alta a los profesionales de la cultura” y se podrá ordenar y “censar” mejor el sector.

Medidas pendientes. Cómo contabilizar la ‘inactividad’ de los autónomos

De cara al futuro, Adriana Moscoso remarcó que se trabaja en cuatro apartados principales. En el primer caso, se ha creado “una comisión para impulsar el reconocimiento de las enfermedades profesionales” del sector de la cultura. En segundo lugar, “se ha iniciado el proceso de negociación” para reformar de manera íntegra el decreto de 1985 del régimen laboral de carácter especial; y el tercer apartado se refiere a la educación, donde “vamos despacio” en el impulso de una ley que regule las enseñanzar artísticas y de FP. En el caso de la Formación Profesional, se separará a los técnicos de espectáculos en vivo de los técnicos del audiovisual. 

En cuarto lugar, un tema espinoso. Se ha creado un grupo de trabajo para estudiar cómo reconocer la intermitencia de los trabajadores autónomos de la cultura, de manera que se puedan contabilizar esos períodos de “supuesta inactividad” en la que los profesionales suelen estar ideando, preparando o ensayando un proyecto. “Tenemos que seguir trabajando en ello”, admitió Moscoso, para quien el viaje “no acaba aquí”. “Queda mucho por hacer”, añadió, y enfatizó que este proceso ha supuesto “el descubrimiento, por parte de otros departamentos del Gobierno, de lo que supone este sector” para la economía, y una confirmación de que es “un eje vertebrador de la sociedad”.