La Plataforma en Defensa del Transporte anunció hoy que mantiene su convocatoria de paro indefinido a partir del próximo lunes después de una reunión infructuosa con los representantes del Ministerio del sector. La reivindicación principal de la Plataforma, compuesta por trabajadores autónomos, es la de que se garantice que no trabajarán a pérdidas, pero el Gobierno defiende que la ley aprobada en agosto ya certifica que esa situación no puede darse. Ayer, tras la reunión, el Ministerio comunicó que en las próximas semanas se aprobará un plan de inspección para controlar que se cumple la ley en lo referente a precios, morosidad en el pago y tablas de carga y descarga.
El presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, subrayó que “de momento, el paro continúa” y que el Ministerio debe pronunciarse si tiene la voluntad de que se produzca de una manera inmediata un acuerdo firmado, ya que, de lo contrario, se iniciará el paro tal y como está previsto. Desde el Ministerio instaron al colectivo a recapacitar y desconvocar un paro “que no beneficia a nadie”. La Dirección General de Transporte Terrestre se citó ayer con la Plataforma después de que esta asociación solicitara una reunión tras proclamar que los problemas que condujeron al paro de marzo siguen sin solucionarse.
Su queja continúa siendo la misma: sus costes (combustibles, peajes, mantenimientos) superan a los ingresos. Pero el Ministerio les rebatió asegurando que el buzón para protestar por situaciones de este tipo no ha recibido aún una denuncia con información suficiente para abrir un procedimiento, bien por falta de datos o porque no se acogen a los supuestos susceptibles de sanción. Según el Ministerio, hasta la fecha han llegado al buzón 88 denuncias anónimas, basadas en indicios, pero sin carácter formal. El Ministerio, no obstante, aseguró que ya se han realizado las primeras inspecciones a partir de estos indicios, un gesto con el que pretende, al mismo tiempo, apaciguar los ánimos del colectivo y desactivar los motivos de su protesta. Aunque, de momento, sin mucho éxito.
Plan de inspección
La Plataforma -integrada en su mayoría por autónomos y pymes- asegura que los cargadores, ante la “pasividad” de la Administración en el control de la aplicación de la ley, no respetan el precio de coste a los transportistas. Esta convocatoria cuenta con la oposición frontal del resto del sector, incluido el Comité Nacional del Transporte por Carretera, órgano interlocutor del sector con el Gobierno, que considera inoportuno este llamamiento. Las asociaciones Hiru y Tradisna, principales representantes de los transportistas autónomos en Euskadi y Navarra, ya han anunciado que no secundarán el paro, aunque reivindican “condiciones dignas” para seguir ejerciendo. “La situación sigue siendo muy complicada, pero quizá este no sea el momento adecuado para parar”, expresó ayer Tradisna en una nota.
El Gobierno tiene intención de anunciar, a finales de este mes, las líneas maestras del plan de inspección para 2023, que incluirá, por primera vez, una línea de actuación específica en materias como el control de precios, morosidad en los pagos a los conductores y categorías de carga y descarga.
