D E una forma implacable, y desde hace ya demasiados años, ETA viene ensañándose con aquellos destinatarios de la exigencia del denominado impuesto revolucionario. Y lo hace de las formas más expeditivas: extorsión económica, destrucción de bienes, secuestro u homicidio, directamente. A juzgar por la larga lista de empresas aludidas en el último Zutabe, todavía hay objetivos para rato. En ese boletín interno de ETA venía señalada Angulas Aguinaga, cuyas instalaciones fueron pasto de explosivo en la noche del sábado. Cuando sean reivindicados los estragos, se invocará el impago del dinero exigido para la construcción de Euskal Herria, como viene siendo habitual. En ninguna mente racional cabe que un país pueda construirse desde la destrucción, desde la extorsión, desde el terror. Euskadi no está, ni mucho menos, en situación prerrevolucionaria sino que es una sociedad avanzada, madura, creativa, homologable a cualquier país desarrollado, con un nivel de bienestar al que la inmensa mayoría no está dispuesta a renunciar. En los conflictos de clase, cuando los hay, los trabajadores son defendidos por los sindicatos ante los abusos empresariales, que los hay. No necesitan otros redentores. El castigo, duro, inclemente, a los empresarios por parte de ETA en nombre de una supuesta revolución vasca no provoca más que desánimo, descapitalización, fuga de inversiones y paro. Y, también, por supuesto, indignación ciudadana. Una indignación que sube de tono cuando comprueba que a dirigentes políticos que representan a un amplio sector de la sociedad vasca se les llena la boca apelando a la construcción nacional y convocando a todas las formaciones políticas y sociales a unir fuerzas y voluntades en ese objetivo, pero jamás se les ha escuchado una palabra no ya de condena, de reproche, cuando ETA ataca de forma tan despiadada a empresarios y destroza a bombazos sus centros de trabajo. No se puede reprochar a los demás que desaprovechen este momento histórico cuando el estruendo de la dinamita está evidenciando cada semana a la ciudadanía que aquí no ha cambiado nada, que siguen campando los mismos emancipadores arrebatados, dispuestos a construir Euskal Herria de sus cenizas.

Editorial 30-06-2006
Ahora, que no estorben
Excepto el PP y sus apéndices mediáticos, la mayoría de las fuerzas políticas y sociales aplaude el anuncio de Zapatero de dialogar con ETA y respetar la decisión de los vascos

M ERECIÓ la pena esperar hasta el límite del tiempo previsto. El presidente Rodríguez Zapatero no defraudó al anunciar su decisión de abrir un proceso de diálogo con ETA, puesto que en esa decisión incluyó el compromiso de respetar la decisión que libremente adopten los ciudadanos. De hecho, el pretexto de ETA para su actividad violenta ha venido siendo la falta de respeto a la decisión de los ciudadanos. El anuncio de Zapatero ha sido una especie de declaración de Downing Street, una puerta abierta al proceso definitivo del final de la violencia. Una lectura serena del documento evidencia que es la mejor declaración posible en el contexto político actual, y los múltiples apoyos que ha recibido dan a entender que ha sido muy bien acogida. Especialmente lo ha sido por los partidos, envueltos estos días en un ambiente enrarecido tras las iniciativas judiciales, y con especial entusiasmo por una izquierda abertzale al borde del ataque de nervios. Además de abrir el ámbito de diálogo entre el Gobierno y ETA, la declaración de Zapatero con todas las sutilezas y precisiones requeridas en las actuales circunstancias manifiesta el compromiso del Gobierno de respetar las decisiones que los ciudadanos adopten libremente y con el máximo consenso posible. Llegará el momento de interpretarlo, pero el compromiso expresado es ya un gran avance que devuelve la ilusión a una sociedad que comenzaba a deslizarse hacia el desencanto. Por supuesto, la declaración de Zapatero ha sentado como un mazazo en el PP y en sus apéndices mediáticos y de agitación. Aferrado a que "ETA sigue viva", Mariano Rajoy ha respondido con su desplante al anuncio de Zapatero. El PP, sus apoyos mediáticos y los colectivos que controla no pueden aceptar un final de la violencia en términos democráticos, sencillamente porque ha sido una iniciativa arriesgada, por cierto de un Gobierno que no es el suyo. Y eso, en términos electorales y de poder, tiene una lectura clara y contundente en su contra. La esperanza ha vuelto a la inmensa mayoría de los ciudadanos, y nadie tiene derecho a malograrla. Como bien dijo hace unos días el presidente del Senado, Javier Rojo, el que no esté de acuerdo con esta decisión, que se aparte y que no estorbe.

Editorial 29-12-2005
"¡Algo habría hecho!"
En la reivindicación de los últimos atentados, ETA resucita el término de "chivato" para justificar el ataque con explosivos que destrozó una discoteca

H ACÍA mucho tiempo que en la literatura de sus comunicados ETA no utilizaba el término de salakari, chivato o confidente como justificación para un ataque contra personas o bienes. Lo ha hecho en su último comunicado, en relación con el propietario de la discoteca Bordatxo, en Doneztebe, que resultó completamente destruida por un potente explosivo el pasado 21 de diciembre. Quizá haya que remontarse a los postreros años del franquismo y los primeros de la transición para situar las últimas inculpaciones de chivatos a ciudadanos víctimas de atentados o amenazas por parte de ETA y su entorno. Años atrás, cuando las explicaciones públicas de la organización armada eran menos frecuentes, se extendía una difusa convicción social de que "algo habría hecho" la víctima, en alusión a la posibilidad de su condición de confidente. Convicción que se mantenía incluso hasta después de que la reivindicación oficial del comunicado diera una motivación diferente. Afortunadamente, ya pasaron los tiempos en los que se hablaba en voz baja en establecimientos públicos o se miraba alrededor antes de manifestar una opinión porque se sospechaba de todos. Afortunadamente también, la sociedad ha superado ese difuso recelo que venía a añadir descrédito a la víctima y sufrimiento a sus familiares. Porque un ataque basado en la acusación de confidente deja en suspenso el honor del atacado, puesto que no le resultará fácil demostrar que no lo sea mientras que quien lo atacó no tiene que demostrar nada. Cuando ETA irrumpe a sangre y fuego basando su arremetida en tan peregrina acusación, recuerda aquellos remotos ataques, mortales muchos de ellos, teñidos de carácter mesiánico en los que se arrogaba el derecho de salvar a los vascos de la contaminación ambiental o de la droga. Esta sociedad ya no necesita redentores, ni soporta el tutelaje, ni está dispuesta a dar por buena la alucinada interpretación que ETA pretenda ofrecerle sobre cada una de sus hazañas. Y quizá esta peregrina acusación de ETA tenga que ver precisamente con una necesidad inmediata de responder desviando la atención a la dura reacción social en su contra y contra la violencia como instrumento político que ha generado en todo el País del Bidasoa el ataque a Doneztebe (además de Bordatxo, 58 inmuebles de la localidad han sido afectados y se han presentado 49 denuncias), más aún tratándose de una zona de amplia mayoría abertzale.

Editorial 21-06-2006
¿Por qué precisamente ahora?
Es difícil de entender el frenético despliegue de la actividad judicial contra una de las partes, en cada paso que se da en el proceso abierto para la solución del conflicto vasco

S ÓLO quienes la han sufrido en silencio durante tantos años saben de la angustia que han venido soportando empresarios, profesionales y comerciantes sometidos al chantaje del denominado impuesto revolucionario. Sólo ellos saben de la impotencia, la soledad y el terror tras recibir la siniestra carta, la incertidumbre sobre cómo afrontar la situación. Sólo ellos saben de la injusticia que supone que nadie les considere víctimas. Si la operación de ayer de verdad se tratase de la desarticulación del tinglado a través del cual ETA se ha venido sosteniendo económicamente durante decenios, sin duda sería una magnífica aportación a la democracia y a la seguridad de miles de ciudadanos. Pero desde el Gobierno se advertía ayer que la detención de personas supuestamente vinculadas a esa actividad delictiva se inició hace dos años y continúa abierta, y el primer interrogante que se plantea es por qué ayer, precisamente la víspera de que el presidente Zapatero puede anunciar la apertura del diálogo con ETA, se decide el juez Marlaska a proceder y no antes, o después. Para más interrogantes, la personalidad, actividad y trayectoria de los detenidos más notorios hacen dudar de su implicación real y del acierto judicial a la hora de tomar medida tan contundente. Sorprende hasta la alarma el frenético despliegue judicial a partir de la declaración de alto el fuego de ETA y la apertura del proceso hacia la resolución del conflicto vasco. Detenciones, suspensiones, citaciones, comparecencias, juicios, aperturas de diligencias sumariales y toda clase de acciones judiciales están empedrando un camino ya de por sí duro y complicado. Pocas veces, y menos en tiempos de tregua, se había visto tan inusitada actividad por parte de algunos jueces, y toda ella contra una de las partes implicadas tanto en el conflicto como en su solución. No va a ser fácil que esta alarma social deje de ser interpretada como una interferencia intencionada o no en el proceso de fin de la violencia. Cada vez parece más perceptible la sospecha de que el poder judicial aún mayoritariamente nombrado por el PP no está dispuesto a facilitar al poder ejecutivo su decisión del final dialogado del terrorismo. El Estado contra el Gobierno, en una insólita confrontación para perjuicio de todos.