PAMPLONA. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer en libertad a Jesús Iruretagoiena de la Fuente, detenido el martes en Guipúzcoa en la segunda fase de la operación contra el aparato de extorsión de ETA puesta en marcha el pasado 20 de junio por el magistrado de este tribunal Fernando Grande-Marlaska.
Garzón acordó la puesta en libertad de Iruretagoiena -que seguirá imputado por un delito de colaboración con organización terrorista-después de que el fiscal del caso, Juan Antonio García Jabaloy, no solicitara ni su ingreso en prisión ni la imposición de una fianza, en parte debido al delicado estado de salud del detenido.
El magistrado, no obstante, impuso a Iruretagoiena la obligación de comparecer semanalmente en el Juzgado y la prohibición de salir de España sin su autorización.
Las fuentes consultadas señalaron que el imputado, que declaró incomunicado ante Garzón, intermedió en al menos un cobro del llamado "impuesto revolucionario", al poner en contacto a un empresario con Joseba Elosua.
En un auto notificado el pasado 28 de junio, Grande-Marlaska aseguraba que Iruretagoiena era uno de los intermediarios "ubicados en España y encargados de ponerse en relación con el extorsionado, activar procesos de negociación, articular plazos y vías seguras de pago, entregar recibos, poner en circulación cartas de extorsión, recibiendo en ocasiones el dinero".
ATRIBUCIÓN DE PAPELES Este juez atribuía el mismo papel al otro detenido ayer, Pablo María Muñoz Peña, ex director de Egin y en la actualidad director del DIARIO DE NOTICIAS y de NOTICIAS DE GIPUZKOA, que ayer fue conducido a la Audiencia Nacional minutos antes de las dos de la tarde para asistir al levantamiento del precinto del ordenador intervenido en su domicilio.
Después, Muñoz fue llevado de nuevo a las dependencias policiales, donde permanecerá hasta que tenga que prestar declaración ante Garzón, lo que ocurrirá mañana o el viernes, ya que la Policía sigue practicando diligencias relacionadas con él.
Grande-Marlaska también hizo referencia a Muñoz en el auto en el que impuso una fianza de 30.000 euros al dirigente del PNV Gorka Agirre por desarrollar "funciones de intermediación" entre ETA y empresarios amenazados, y en el que trazaba un esquema de la estructura del aparato de extorsión.
Según este magistrado, uno de los detenidos el 20 de junio, el periodista Jean Pierre Harocarena, "refirió que indicó a un conocido suyo, Pablo Muñoz, quien intermediaba en la extorsión a un empresario navarro (J. Marticorena), cómo una de las vías podía ser la de Gorka Agirre". >europa press