La respuesta de los abogados vascos a la detención de Pablo Muñoz refleja una crítica mayoritaria ante la decisión adoptada por Garzón. Los juristas consultados coinciden en calificar de "excesivas" las medidas dictaminadas por el juez y confían en una rápida liberación del veterano periodista.

Fermín Ciáurriz, ex parlamentario y director del más conocido de los bufetes navarros, -el de Ezponda Abogados- calificó de "desproporcionada e injustificada" el citado arresto, recordando que la aplicación de las medidas contempladas en la legislación antiterrorista en su grado más extremo, como ha sido en este caso, no son habituales y no deben serlo en personas que, como el periodista guipuzcoano, "tienen un trabajo conocido, un domicilio".

De este modo, subrayó que en casos similares ha bastado con una citación para comparecer ante la Audiencia Nacional, "como él mismo se ofreció a hacer después de conocer que había alguna declaración que le implicaba".

Unos argumentos similares comparte el ex decano del Colegio de Abogados de Pamplona y ex senador Ángel Ruiz de Erenchun, que además de incidir en la disposición de Muñoz a presentarse ante el juez, se preguntó "por qué lo van a tener incomunicado tantos días, cuando un derecho constitucional es el de no declarar ante la Policía". "Me parecen desproporcionadísimas estas actuaciones", señaló Ruiz de Erenchun.

"Hasta el Tribunal Supremo ha dicho que los que pagan tampoco es que sean tan delincuentes porque están siendo extorsionados, no se entiende", recordó el abogado pamplonés, que insistió así en que "en el supuesto de que hubiese mediado (Pablo Muñoz) para liberar a una persona de esa extorsión, que es algo que dijo otro imputado, tampoco es algo como para tomar unas medidas tan tremendas, es escalofriante".

Por su parte, el abogado navarro Javier Purroy coincidió en considerar "precipitada y sin rigor" la actuación judicial contra Pablo Muñoz. "La detención se produciría, en todo caso, tras una investigación, una instrucción... pero que te arresten porque una persona diga tu nombre en una declaración jurídica eso no es rigor; y, en cuanto a la forma, es desproporcionada y exagerada".

También se sumó a las críticas de Ciáurriz a los registros efectuados, "tres o cuatro días después de filtrarse interesadamente la declaración de quien lo citó, porque si pudieran imputarle algo, que no pueden, hace tres días que el ordenador estaría vacío".

En la misma línea argumental, el jurista y ex integrante del Consejo General del Poder Judicial, Emilio Olabarria, destacó que desde el punto de vista de corrección procedimental "no se pueden hacer peor las cosas". El diputado jeltzale criticó las filtraciones sumariales que se han repetido en las últimas semanas con casos de la Audiencia Nacional, una circunstancia que "legitima a los detenidos para querellarse si lo consideran oportuno".

Por su parte, el abogado Txema Montero -letrado en la acusación particular en el caso Santi Brouard- denunció la "abusiva" y "fraudulenta" utilización de medidas como la detención e incomunicación ordenadas por Garzón. Montero insistió en que este tipo de medidas son propias de la legislación antiterrorista, impulsada para combatir una situación "excepcional" marcada por la violencia de ETA, y abogó por que en el contexto actual no se haga uso de ellas.

El jurista y profesor universitario Antxon Masse también criticó la intervención de la Audiencia Nacional por considerarla "irracional y desproporcionada". En este sentido, el veterano docente denunció que esta última acción ordenada por el magistrado Baltasar Garzón es incluso contraria al espíritu de la Constitución".

El catedrático de la UPV Kiko Caballero, por su parte, también manifestó su "preocupación" por la "grave" situación que atraviesa la Justicia española, en la que los principios de legalidad, generalidad de la norma y seguridad jurídica "hacen aguas". >m.b./j.g.l./a.a.