santa cruz de tenerife. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que este mes se aprobará el plan de seguridad para Canarias y garantizó el "compromiso casi personal" de que el Ejecutivo no regateará medios "ni materiales, ni humanos, ni políticos" para hacer frente a la inmigración ilegal.
Zapatero realizó una declaración en la sede de la Presidencia del Gobierno canario junto al presidente del Ejecutivo autonómico, Adán Martín, tras la entrevista de una hora que ambos mantuvieron para analizar la situación derivada de la llegada al archipiélago de inmigrantes subsaharianos.
El jefe del Ejecutivo recordó diversas iniciativas adoptadas por el Gobierno en apoyo de Canarias, como el Plan Especial de Empleo, y adelantó que será este mes cuando el Consejo de Ministros aprobará el plan de seguridad para las islas.
Zapatero explicó que aunque la cuestión de la seguridad sea una competencia del Estado, esencialmente, su deseo es que haya en este ámbito una total colaboración con las comunidades para favorecer la libertad de los ciudadanos.
Ante este plan, el presidente canario dijo que tras analizar las previsiones iniciales del mismo, es necesario que éste sea "más integral" e incluya a los medios de seguridad del Ejecutivo del archipiélago. Al hilo de ello, Adán Martín reiteró su defensa de que Canarias cuente con una Policía Autonómica, que aglutine a las policías locales existentes.
Zapatero visitó ayer los centros de acogida de inmigrantes de Las Raíces y Hoya Fría, en Tenerife, además de otros dedicados a la atención de menores inmigrantes.
apoyo europeo El presidente del Gobierno explicó el creciente compromiso europeo para hacer frente a la inmigración (recordó la inminente colaboración de países como Francia, Finlandia, Portugal y otros socios comunitarios para vigilar las costas), que consideró que ha contribuido a reducir sustancialmente el número de ilegales.
Por otro lado, El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que el hecho de que un extranjero que permanece en España de forma ilegal esté indocumentado y, por lo tanto, sin acreditar su identificación y filiación, es motivo suficiente para justificar la imposición de la sanción de expulsión y no la de multa.
Así lo acuerda en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que acepta un recurso del abogado del Estado contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de anular la resolución de la Delegación del Gobierno que, en 2001, expulsó del territorio español a Naomi O.
Según el TS, la expulsión requiere una motivación específica y distinta o complementaria de la pura permanencia ilegal, ya que ésta es castigada simplemente con multa, pero en el referido caso a la permanencia ilegal en España se une la circunstancia de que la mujer "no sólo se encontraba irregularmente en España, sino que estaba indocumentada (...) y además se ignoraba cuándo y por dónde entró en territorio español".
