pamplona. El titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Aoiz ha dado por terminadas las diligencias del denominado caso Egüés y ha decidido mantener las imputaciones a las diez personas relacionadas con las presuntas irregularidades detectadas en el municipio durante el mandato de Ignacio Galipienzo entre 1999 y noviembre de 2003, cuando fue obligado a dimitir por su partido (UPN) por su responsabilidad en los hechos denunciados por este periódico un mes antes.
El ex alcalde es que el peor parado sale del auto emitido por el juez el lunes pasado, ya que se enfrenta a un delito de cohecho (cobro de comisiones, penado de 1 a 6 años de prisión) y seis de prevaricación (con penas de inhabilitación de hasta 10 años) por las resoluciones "arbitrarias" que dictó "a sabiendas de su injusticia".
Junto a él se encuentran su mujer Eva Iglesias, Emilio Izquierdo (ex director general del Gobierno de Navarra y empresario promotor), Luis Galo (ex senador del PP y empresario promotor), Óscar Pérez (financiero de la promotora), Conchita Flores (constructora) y su asesor José Javier Iribarren, Nuria Alás (arquitecta municipal), Jesús Marco (asesor municipal) y José Luis Bartolomé (testaferro), que se enfrentan al delito de cohecho en distinto grado de pena según los casos y nivel de participación.
En el auto, que puede ser recurrido, el juez considera que existen indicios de delito contra los diez imputados a raíz del cambio de uso de una parcela de Gorraiz que pasó de ser escolar a un terreno destinado a un apartotel. La operación urbanística generó comisiones millonarias y "tratos de favor", según el juez. El juzgado da ahora un plazo de 10 días al Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares para que presenten sus escritos de acusación y soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.
en nómina Los hechos fueron conocidos hace tres años, cuando DIARIO DE NOTICIAS, tras una labor de investigación desarrollada meses antes, publicó una serie de informaciones que demostraban que el ex alcalde del valle de Egüés estaba en la nómina de una promotora con sede en Madrid, Apartamentos Gorraiz, a su vez integrada en el Grupo Empresarial Aricam (GEA). Una de operaciones que habían cerrado se localizó en Gorraiz, donde una parcela escolar (la S.2.2) pasó a convertirse en residencial para permitir la construcción de un apartotel. Todos los implicados en la operación ganaron algo: el ex alcalde, una comisión cercana a los 138.000 euros del vendedor y 90.000 del comprador del suelo, y los promotores, un terreno adecuado para sus intereses.
Todo el cambio de uso de la S.2.2 se hizo pese al criterio en contra del departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno foral, que avisó en repetidas ocasiones, tanto a Ignacio Galipienzo como a la propietaria original de la parcela, de la ilegalidad de la operación. Fue en vano. Con la ayuda de la arquitecta y del asesor municipales, el ex alcalde confeccionó un informe para dar validez a la operación, para la que finalmente dio la licencia en junio de 2003. Pese a conocerse las circunstancias exactas de la operación y las vinculaciones de Galipienzo con empresas promotoras, el ex alcalde siguió contando con el apoyo de su partido y de sus principales líderes, hasta que este periódico dio a conocer el incremento patrimonial desde su llegada a la alcaldía. UPN le obligó a dimitir, el procedimiento urbanístico se paró y comenzó un proceso judicial que ahora se encuentra cerca del juicio oral.
