Pamplona. El abogado pamplonés Pepe Uruñuela despertó ayer de la pesadilla que le ha tocado vivir durante casi siete años. El fiscal de la Audiencia Nacional, Enrique Molina, y la acusación particular del macrojuicio 18/98 que ejerce la Asociación de Víctimas del Terrorismo, retiraron ayer todas las acusaciones contra Uruñuela al considerar que no se han probado los hechos imputados en el sumario, con lo que la causa queda sobreseída. Uruñuela es el único de los 53 procesados en el sumario abierto contra Egin, KAS, Ekin, Xaki y la Fundación Joxemi Zumalabe que queda fuera del proceso judicial. Para el resto, el fiscal rebaja petición a la mitad, pero mantiene penas que oscilan entre los 19 y los cuatro años de prisión.

La noticia de la exculpación saltaba al mediodía de ayer en la sala especial que la Audiencia Nacional tiene en la madrileña Casa del Campo, cuando en la lectura de las conclusiones el fiscal retiraba los cargos contra Uruñuela. La exculpación sin embargo no fue total hasta que a última hora de la tarde el abogado de la AVT se sumaba a la decisión tomada horas antes por el fiscal. "Tenemos una sensación agridulce", reconocía nada más conocer la noticia Lucio Tabar, miembro de la plataforma Gu gara Pepe (nosotros somos Pepe) de apoyo al abogado pamplonés. "Estamos muy contentos porque ya no hay petición de pena. Pero no podemos olvidar que Pepe ha tenido que sufrir un proceso judicial de año y medio en Madrid, con el daño y desgaste físico, económico, profesional y familiar que supone. Y todo esto sin contar lo que implica haber estado más de cinco años procesado. El daño a su imagen pública ya no se puede arreglar", lamentaba Tabar. Igualmente se expresó el compañero de despacho de Uruñuela Txema Pastor, quien consideró "todo un despropósito" las acusaciones vertidas contra el abogado, de las que recordó "ninguna se ha podido demostrar". "¿Quién le recompensa ahora todo el daño causado?", preguntaba.

Batzarre mostró su "alegría" por la decisión del fiscal, al tiempo que denunció una "acusación arbitraria y sin sentido". Mientras, responsables de Aralar se solidarizaron ayer con los imputados y se inculparon en el sumario 18/98.

El juicio Uruñuela es el único de los imputados que queda fuera del proceso. Para el resto de acusados el fiscal pidió ayer penas que oscilan entre los 4 y los 19 años de prisión, aproximadamente la mitad de las penas de entre 10 y 50 años solicitadas al principio del proceso. Para el resto de navarros el fiscal pide penas de 11 años de cárcel para Xabi Otero, y 9 para Jaime Iribarren y David Soto. El fiscal modificó sus conclusiones provisionales y mantuvo la acusación para los responsables de KAS y Ekin, a los que considera miembros del aparato político de ETA, a los del "aparato internacional" Xaki, así como para los integrantes de la Fundación Joxemi Zumalabe, por promover distintas iniciativas encaminadas a la desobediencia civil, como la utilización del DNI vasco.

A partir de ahora el proceso continuará en las dependencias que la Audiencia Nacional tiene en la calle Génova, en Madrid, puesto que el día 15 comenzará en las instalaciones de este tribunal en la Casa de Campo el juicio por los atentados del 11-M. Enrique Molina expondrá su informe el próximo 19 de febrero en las dependencias de la Audiencia Nacional, aunque los acusados podrán ausentarse si lo desean del resto de las sesiones de la vista oral.

El juicio comenzó el 21 de noviembre de 2005 entre las críticas de la defensa por ser un juicio "político" sin pruebas sólidas. De los 56 acusados iniciales se ha pasado a 53 después de que Jokin Gorostidi falleciera a consecuencia de un infarto y de que el tribunal acordara excluir de la vista por motivos de salud a otros dos, Iñigo Elkoro Ayastui y al navarro José Ramón Aranguren.