pamplona. La Asociación de Vecinos de San Jorge-Sanduzelai ha reiterado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, su rechazo a que la nueva cárcel se construya en la colina de Soltxate-Santa Lucía, por tener ésta "carácter de reserva forestal natural". Los representantes vecinales afirman que la prisión puede ubicarse "en muchos otros lugares que no cuentan con esa protección ecológica y medioambiental".
Por una parte, la Asociación de Vecinos de San Jorge-Sanduzelai expuso su postura en una carta enviada el 20 de febrero al ministro Rubalcaba, cuya contestación refleja que "no ha sido sensible a las razones expuestas", según los vecinos, "ya que se mantiene la intención de estropear una posible zona de uso público, verde y arbolada de la que podrían disfrutar en los próximos años los habitantes de Pamplona y su comarca".
La asociación vecinal entiende, basándose en la respuesta de Interior, que "se elige el emplazamiento de Santa Lucía porque el Gobierno foral lo señaló como preferente, y porque el estado de la cárcel actual exige actuar con urgencia". Al hilo de estos argumentos, en la carta firmada por Julen Mendiguren, representante vecinal, se pregunta al ministro Rubalcaba si "se fía del Gobierno foral o es una forma de traspasarle una responsabilidad que sólo corresponde al Ejecutivo de Madrid".
En ambas hipótesis, la Asociación de Vecinos de San Jorge considera que "se actúa mal" y que "se alardea de eficacia para solucionar un problema a costa de crear otros, como ocupar terrenos protegidos, amparándose en la nebulosa de quién tiene o no tiene las competencias sobre ese suelo".
las competencias Sobre este aspecto, conviene recordar que las competencias de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio pertenecen en exclusiva al Gobierno foral, que fue el que propuso la ubicación de Santa Lucía como la más idónea para la futura cárcel. A partir de ahí, Instituciones Penitenciarias entró en acción presupuestando (90 millones de euros hasta 2010) y proyectando el centro. Dicho emplazamiento también ha sido ratificado por el Parlamento y otras entidades como el TSJN y el Colegio de Abogados.
En cuanto a la titularidad del terreno, la controversia se centraba en el suelo de la vieja cárcel de San Juan, con cuyas plusvalías el Gobierno foral quería sufragar la parte que le correspondía de la nueva prisión. Sin embargo, una vez que la Administración del Estado confirmó que costearía enteramente las obras, el Ejecutivo de Sanz perdió argumentos para exigir las plusvalías del suelo de la vieja cárcel.
Por otro lado, los representantes vecinales estiman que "las prisas son malas consejeras", en referencia a que el proyecto se encuentra ya en fase de licitación. "¿Quieren darnos a entender que el asunto no tiene ya marcha atrás y que no es posible corregir el rumbo?".
Por otra parte, la Asociación de Vecinos de San Jorge-Sanduzelai informa de que el pasado 25 de enero mantuvo "una reunión amistosa con Vicente Ripa", delegado del Gobierno, aunque "no sirvió para abordar en profundidad el asunto, porque sólo duró poco más de una hora". Además, los representantes vecinales afirman que no coinciden algunos datos, "ya que la superficie prevista es de 40 hectáreas, no de 18, y las celdas a construir son 628, no 504, ni tampoco las 400 que como máximo aceptaba en un principio el Gobierno de Navarra". La asociación vecinal se quejó, asimismo, de que "en el BOE se escondiera el proyecto de nueva cárcel bajo el enigmático nombre de Centro Penitenciario Norte II".
