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El Ayuntamiento de Tafalla no litigará con la Diócesis por la propiedad de las iglesias
el pleno rechazó una propuesta del colectivo cultural altaffaylla
UPN, PSN y Grupo Mixto votaron en contra, y IU, EA y Tafallaberri, a favor
carmelo armendáriz
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Exterior de la iglesia de San Pedro, en Tafalla.Foto: c.a.

tafalla. El Ayuntamiento de Tafalla rechazó en su sesión plenaria del pasado lunes una instancia presentada por Altaffaylla Kultur Taldea en la que proponía al Consistorio "iniciar los procedimientos legales oportunos para impedir la privatización de las iglesias de San Pedro y Santa María, así como cualquier otro edificio que pueda encontrarse en la misma situación", después de haber constatado que ambos edificios religiosos fueron inscritos, a mediados del pasado año, en el registro de la propiedad a nombre de la Diócesis. La propuesta fue rechazada con los votos de UPN, PSN-PSOE y los tres del Grupo Mixto, mientras recibió el apoyo de los ediles de Tafallaberrui, EA y IU-EB.

En opinión de los miembros de este grupo cultural "las iglesias tafallesas y el enorme patrimonio artístico que poseen" son de "propiedad comunal" y por tanto son bienes que dependen del Ayuntamiento. El colectivo Altaffaylla proponía "informar al resto de pueblos de la Merindad exhortándoles a hacer lo mismo con sus edificios religiosos, muchos de los cuáles han tenido históricamente un uso colectivo" y citaban como ejemplos la basílica de Ujué o las ermitas de Cataláin, Santa Brígida o Santa Zita, al tiempo que proponían que desde el Consistorio tafallés se demandase al Gobierno de Navarra para que "tome medidas a nivel general y garantice la propiedad colectiva de todo este patrimonio de Navarra; tanto edificios urbanos como rurales, así como la riqueza inmensurable de su mobiliario".

En la exposición de motivos, desde Altaffaylla se señalaba que el pasado 31 de agosto se inscribieron en el Registro de la Propiedad las dos parroquias tafallesas, por la cantidad de 190.335 euros cada una, acogiéndose a la Ley Hipotecaria, a favor de la Diócesis "como dueña de la citada finca desde tiempo inmemorial", lo que en opinión de ese grupo "no es cierto", ya que según ellos, ambos edificios "fueron construidos con cargo a los fondos de la Primicia que recaudaba este Ayuntamiento". En este sentido ponían el ejemplo de que en 1592 el Ayuntamiento de Tafalla pagó 5.114 ducados por el retablo de Ancheta, que se mantiene en la iglesia de Santa María, o los 210 pesos que se pagaron en 1799 por el reloj de la torre.

DESTACADOS
el debate
IU-EB. Gorka Lorea intervino como presidente del Patronato Municipal de Cultura para apoyar la propuesta de Altaffaylla. Para ello se apoyó a su vez en un informe que había emitido, a petición suya, el coordinador municipal de cultura en el que no obstante señalaba que "hay una serie de condicionantes jurídicos y patrimoniales de los cuales no soy quien para informar" por lo que remitía a diferentes fuentes documentales sobre el tema.
UPN. Luis Valero adelantó su voto en contra de la propuesta a la vez que dijo no entender el tener que remontarse a unos hechos acaecidos en el siglo XVI "cuando no existía la separación de poderes", y expresó su convencimiento de que "los templos son patrimonio de la Iglesia y de los fieles" por lo que veía "absurdo" crear un enfrentamiento y divisiones. "En otros pueblos se ha hecho así y en Tafalla se está creando esta polémica", se lamentó Valero.
PSN. José Javier Tapia expresó sus "dudas" sobre estas propiedades, ya que tradicionalmente "las iglesias han sido mantenidas por el erario público y las aportaciones de los fieles". Constató la falta de "elementos de juicio y un estudio jurídico más pausado".
Grupo Mixto. Tere Ballesteros echó en falta, en lugar del informe del coordinador cultural, "un informe jurídico riguroso por parte de la secretaria".
Tafallaberri. Gorka Labat destacó "la obligación de defender el patrimonio y no tener que regalar nada a nadie".
EA. Para Maiorga Ramírez, desde el Arzopispado "se ha actuado en este tema con nocturnidad y alevosía", al no ser informado el Ayuntamiento de sus intenciones, y propuso que "un juez dictamine" sobre en quién recae la propiedad de las Iglesias.
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