burlada. El arquitecto pamplonés Juan José Segú ha presentado al menos dos denuncias ante el departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra por presuntas irregularidades urbanísticas en la tramitación que se ha seguido para avalar la transformación de los locales parroquiales en un nuevo bloque residencial (alrededor de 25 viviendas) y otras dotaciones, un proyecto que se gestó en la anterior legislatura y ha sido ratificado en la actual. Entre las calles Faustino Garralda, Ezpondoa y José Mina se van a levantar unas 28 viviendas.
El denunciante, que también es profesor en la Escuela de Arquitectura de San Sebastián, dirigió el pasado mes de diciembre dos quejas ante las secciones de planeamiento y disciplina urbanística de Vivienda para sostener que -desde el punto de vista técnico- no se justifican los nuevos aprovechamientos urbanísticos que ha autorizado el Ayuntamiento de Burlada en esta operación (partía de una edificabilidad mucho menor), al igual que rebate la legitimidad de dos plantas de sótano para garajes y la ocupación de suelo de dominio público (más de 708 metros cuadrados).
Segú asegura, por otro lado, que en el informe que el arquitecto Juan Manuel Erice realizó en diciembre de 2005 no se legitimaba en ningún momento la edificabilidad dada al promotor. Añade que se trata de una unidad consolidada en "alturas y en superficie construida", además de negar otros usos como aparcamiento. La nueva ficha recoge 2.800 metros cuadrados con usos residenciales, locales y equipamientos.
Otro elemento de discrepancia es el hecho de que se libere al promotor de la obligación de hacer un 50% de vivienda protegida al ser una modificación de plan no estructurante (se denomina "pormenorizado") cuando la ley, esgrime, no le exime de este supuesto frente a los informes jurídicos aportados.
Cree, en definitiva, que el Ayuntamiento ha justificado un desarrollo residencial "desproporcionado" en alturas para la zona en la que se localiza, a cambio de obtener una rentabilidad en locales y una plaza pública. Permite de esta manera levantar un edificio de planta baja más siete alturas a escasos 6,20 metros de distancia del bloque más próximo (planta baja más cinco más ático retranqueado) en Faustino Garralda.
Sus denuncias han sido dadas a conocer a los diferentes grupos políticos y elevadas al TAN si bien este órgano no ha entrado en su contenido por entender que el recurrente no es competente para juzgar un asunto al no ser un vecino afectado, lo que éste no comparte en su condición de arquitecto.
Cabe recordar que las presiones inmobiliarias se acentuaron en la legislatura pasada. Así, en agosto de 2000 la empresa Serimpe SL presentó un primer estudio de detalle donde se urbanizaba el 90% de la unidad que, tras varios avatares, se aprobó inicialmente en noviembre de 2004 ante la exigencia de un recurso judicial (por no haber sido tramitado el proyecto), aunque el proyecto fue denegado en su fase de aprobación definitiva tras las alegaciones presentadas por la parroquia y vecinos. La nueva Corporación paralizó así la iniciativa hasta revisar su planeamiento con la idea de liberar este espacio como plaza, trasladando sus aprovechamientos a otras unidades. Esta situación obligó al promotor a redefinir un nuevo proyecto y forzó un acuerdo con la iglesia de San Juan para crear un local parroquial en la zona.
El Ayuntamiento negoció finalmente con el nuevo promotor una modificación del plan municipal y justificó con informes técnicos que ésta fuera pormenorizada, sin necesidad de que interviniera el Gobierno, lo que fue aceptado por éste. El acuerdo se plasmó en un convenio en el que se reconocen a Erreleku casi 3.000 metros cuadrados de uso residencial y unos 850 metros cuadrados para locales municipales (futuro centro de jubilados) en lugar de las cesiones que le correspondían. El Consistorio desestimó, por otro lado, las alegaciones presentadas por los vecinos que denunciaron que se incumplían las distancias respecto a las viviendas circundantes. Segú también ha presentado alegaciones contra la licencia de actividad y el proyecto de urbanización ante la ocupación de suelo público que implica la construcción de garajes, además de los inconvenientes que genera a los vecinos (obras y alteración del tráfico). Esta última ha sido denegada.
El suelo fue cedido en su día a la iglesia para un fin social. A lo largo de estos años ha sido ocupado por asociaciones, el cine parroquial y últimamente por el gaztetxe. El Arzobispado percibió en cambio alrededor de 250 millones de las antiguas pesetas tras su venta a Pezonaga, que a su vez, la transmitió a Erreleku (alrededor de 2,58 millones), según otras fuentes.
