PAMPLONA. Los vecinos de San Jorge criticaron ayer de nuevo el proyecto de construcción de un centro penitenciario en el emplazamiento de Soltxate-Santa Lucía, al tratarse de una reserva forestal y paisajística, y exigieron la "anulación" de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora. Asimismo, exigieron un estudio de alternativas "serio" para una nueva ubicación de la cárcel al considerar que el informe elaborado en 2004 por el Gobierno de Navarra, donde se recogen nueve posibles emplazamientos, es "chapucero" por la "pobreza de su contenido".

En concreto, esta última reclamación está incluida en un recurso presentado por la Asociación de Vecinos de San Jorge-Sanduzelai ante el delegado del Gobierno, Vicente Ripa, el pasado 2 de octubre, en el que se denuncia el proceso desarrollado hasta ahora por la Delegación y el Ejecutivo central para la edificación de la cárcel en este enclave. Según Julen Mendiguren, uno de los representantes vecinales, el "interés medioambiental" de la zona debe imponerse a "al interés general" del futuro centro penitenciario. "Nosotros no nos oponemos a que construyan una cárcel, pero sí estamos en contra de que se destroce una reserva paisajística. Si el delegado del Gobierno pone por encima la utilidad pública al interés medioambiental, podía haber hecho la cárcel en la Vuelta del Castillo, con picapedreros y todo", ironizó Mendiguren, quien calificó de "auténticos Poceros" y de "depredadores paisajísticos" a los responsables de este proyecto si finalmente se concreta.

En una línea parecida se expresó también la presidenta de la Asociación de Vecinos de Buztintxuri, Sara Echeverría, consultada por este periódico, quien mostró su pesar por que "se haya ofrecido una reserva ecológica para una macrocárcel".

SIN PARTICIPACIÓN CIUDADANA En el escrito de alegación, los vecinos de San Jorge, pese a reconocer que no cuentan con propiedad alguna en la colina de Soltxate-Santa Lucía, critican que el Estado haya optado por un proceso de expropiación forzosa ante la falta de acuerdo de los propietarios. En este sentido, consideran "antidemocrática" la aplicación de normativas de los años 1954 y 1957, "en pleno régimen franquista", "al margen de entes locales, municipales y vecinales", según Mendiguren.

Las críticas también se extienden al ámbito de la participación ciudadana en cuestiones urbanísticas, recogida en la Ley del Suelo que entró en vigor este año, y que estiman "no se está cumpliendo".

El informe elaborado por el Gobierno de Navarra en 2004, en el que se incluía nueve posibles emplazamientos, fue calificado de "chapucero" y "vergonzoso" por Mendiguren, debido a la "pobreza de sus contenidos". "Este análisis, como lo llaman -enfatizó- tiene poco valor técnico y urbanístico. Si estuviera firmado por alguien habría que llevarlo a una auditoría urbanística porque no tiene ni memoria, ni introducción ni nada". El portavoz vecinal reprobó "la ausencia de conclusiones" de dicho informe que, recordó, fue presentado ante los grupos municipales el pasado 26 de septiembre, y se cuestionó los criterios seguidos por los técnicos de Instituciones Penitenciarias para elegir Santa Lucía "cuando no existen grandes diferencias entre unas u otras opciones".

Junto al impacto medioambiental, la Asociación de Vecinos de San Jorge-Sanduzelai destacó las consecuencias que en el tráfico de la zona acarrearía la construcción del centro. Según Antonio Salinas, otro de los portavoces vecinales, por la Avenida de Navarra a su paso por San Jorge transitan diariamente 40.000 vehículos. "Con la cárcel, el tráfico se incrementará, puesto que se trata de una macrocárcel para más de 600 reclusos, los servicios aumentarán y habrá una saturación", vaticinó.

Por todo ello, los vecinos del barrio de San Jorge solicitan "que se retrotraigan" todas las actuaciones desarrolladas hasta ahora y exigen un "estudio de alternativas serio, amplio y completo" al emplazamiento de Soltxate-Santa Lucía.