Editorial La Ley del aborto, una reforma necesaria
SI algo ha quedado claro con respecto al aborto a raíz de los últimos acontecimientos relativos a los cierres de clínicas abortivas en Madrid y Barcelona es la necesidad de abrir un debate profundo sobre la Ley que actualmente lo regula, tratando de impulsar una nueva normativa más justa y acorde a las nuevas necesidades sociales. La actual ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprobó hace más de 20 años, con un texto ambiguo que ha provocado múltiples contradicciones en su aplicación. Fruto de esa ambigüedad es el hecho de que ningún partido, ni siquiera el PP, la ha rechazado. Sin embargo, el Congreso rehusó ayer la petición de IU-ICV para ampliar la despenalización del aborto, mientras numerosas voces progresistas, como la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Rosa Peris, abogaban por plantear la opción de que España se sume a una ley de plazos, siguiendo así la línea de la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea, que ya cuentan con este tipo de legislación para regular la interrupción voluntaria del embarazo. Una ley, en definitiva, que permita a la mujer decidir sobre su propia identidad y sobre su propia salud. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se apresuró ayer a precisar que el PSOE no llevará en su programa electoral una reforma de la Ley del aborto, volviendo de nuevo a la ambigüedad, pero garantizando que se abordarán "con el máximo consenso" aquellas reformas legales "que sean pertinentes para mejorar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres". El PP, por su parte, se pronunció en contra de modificar la actual normativa existente, ya que, según su líder, Mariano Rajoy, "lo que hay que hacer es aplicar la ley". Una ley que en la Navarra de su socio UPN no se aplica con normalidad, ya que tras una gran presión mediática y social, varios médicos de la Sanidad pública acabaron en el banquillo por intentar aplicarla, las mujeres navarras tienen que salir fuera de su comunidad para poder interrumpir su embarazo en los actuales supuestos legales y el Gobierno foral escurre el bulto. Navarra es quien más necesita esa reforma legal, además de una regulación deontológica que haga compatible el derecho de un profesional a la objeción de conciencia con el derecho de una mujer a abortar, y la obligación de un Gobierno a prestar ese servicio a sus contribuyentes.
