madrid. El Gobierno, a través de su presidente Rodríguez Zapatero, y los partidos de izquierda, PSOE e IU, criticaron con contundencia el mensaje que los obispos españoles lanzaron el pasado domingo en Madrid en un acto con familias cristianas y acusaron a la jerarquía eclesiástica de no respetar la pluralidad de la sociedad española y de querer imponer su credo a todo el país.
El primero en responder a las críticas de los obispos al Gobierno fue el PSOE, quien a través de un comunicado titulado Las cosas en su sitio advirtió a la jerarquía eclesiástica de que "quienes deliberadamente ignoran" la soberanía de la sociedad sobre los principios de libertad individual y la convivencia "se apartan de los fundamentos de la democracia". La Ejecutiva Federal respondía así a las palabras del arzobispo de Valencia, cardenal Agustín García-Gasco, que alertó de que los ataques a la familia cristiana no respetan la Constitución y conducen "a la disolución de la democracia", o del cardenal primado de Toledo, Antonio Cañizares, que afirmó que las familias están siendo sacudidas en sus cimientos por "graves amenazas" mediante legislaciones "injustas e inicuas".
Después fue el propio José Luis Rodríguez Zapatero quien subrayó que en España "todo el mundo tiene su sitio y derecho a tener derechos, piense lo que piense y profese o no una religión" en el mismo acto en el que el presidente del PSOE y de Andalucía, Manuel Chaves, afirmó que las familias cristianas "no tienen el concepto de familia tan integrista, arcaico y ultraconservador" que tienen algunos obispos.
reacciones El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, lamentó que la jerarquía eclesiástica se haya "vuelto a equivocar" y aconsejó a sus integrantes que "cambien de estrategia para movilizar a los jóvenes". Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, instó a la Iglesia a que se presente a las elecciones o se quede al margen de la política, y le emplazó a que antes de pedir el voto para el PP, le exija que en su programa se incluya la derogación de leyes como el divorcio o el aborto.
Para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, es "preocupante" que "a lo largo de cuatro años el Gobierno no haya puesto a la Iglesia en el lugar que le corresponde en una sociedad democrática". Llamazares insistió en que el Ejecutivo "tiene que rectificar su política" en materia religiosa a favor de un "Estado aconfesional" y debe "reconsiderar" los acuerdos con la Santa Sede para "modificar la situación de privilegios" que brinda a la Iglesia en materia de financiación y educación.
Desde San Sebastián, la portavoz del Gobierno Vasco, Miren Azkarate, recordó a la jerarquía eclesiástica que debe aceptar que "hay una separación de poderes" y debe reconocer "cuál es el papel y lugar que le corresponde" en una "sociedad democrática y laica". Azkarate puntualizó que el Gobierno representa a "una sociedad civil laica en su conjunto y con más de una creencia religiosa en su seno". >agencias