pamplona. Las arcas forales desembolsan anualmente unos 55.000 euros por no garantizar el derecho al aborto dentro de la sanidad pública. Este gasto se debe a lo que le costó a la Administración derivar a clínicas de otras comunidades a las pacientes que solicitaron la interrupción voluntaria del embarazo dentro de los supuestos que estipula la Ley, ya que esta práctica no se realiza en los centros públicos de la Comunidad Foral. En concreto, la Administración apenas atiende cada año al 10% de las mujeres que solicitan abortar en la Comunidad Foral, alrededor de 60, una cifra muy alejada de las 600 navarras que, según los datos del Ministerio de Sanidad, practican anualmente la interrupción voluntaria del embarazo. Estos datos se extraen de la respuesta de la consejera de Salud, María Kutz, a la pregunta parlamentaria realizada por el representante de IU, Ion Erro, quien interrogó a la titular del departamento sobre el número de casos de interrupción voluntaria del embarazo derivados entre 2003 y 2006 a centros hospitalarios de fuera de la Comunidad Foral. La respuesta, publicada el 16 de enero de este año, detalla el número de mujeres atendidas desde 2003 y el coste para las arcas públicas que ha supuesto las derivaciones por no garantizar este derecho en Navarra.

Únicamente una de cada diez navarras que deciden hacer efectivo su derecho de practicar la interrupción voluntaria del embarazo es atendida por el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que financia su derivación a clínicas de otras comunidades ya que en Navarra no se realiza esta práctica desde la campaña desatada en 1990 contra los médicos que se mostraron dispuestos a llevarlos a cabo. Según los datos ofrecidos por Salud a través de la respuesta parlamentaria, el departamento gestiona anualmente el caso de unas 60 navarras que solicitan abortar, apenas el 10% del total de mujeres que, anualmente realizan la interrupción voluntaria del embarazo. El resto recurre directamente a clínicas privadas fuera de la Comunidad Foral, aunque sin que la Administración abone el coste de la intervención, que suele oscilar entre los 700 y los 800 euros. En concreto, en 2003 fueron 55 las mujeres derivadas por el SNS-O a centros de otras comunidades, especialmente de Zaragoza, Bilbao y Madrid, 62 en 2004, 66 en 2005 y 64 en 2006. Además, la respuesta incluye las atenciones realizadas en el primer semestre de 2007, cuando se contabilizaron 28 casos. En este sentido, los datos revelan que Salud no paga el aborto al 90% de las navarras que lo practican anualmente, una ayuda económica que se realiza en Navarra ya que ningún centro público de la Comunidad practica este tipo de intervenciones, lo que obliga a derivar a las pacientes. Según indicó la consejera, las clínicas a las que se abonó las facturas correspondientes a las intervenciones realizadas a pacientes navarras son la Unidad Aragonesa de Salud, situada en Zaragoza, la Clínica Euskalduna de Bilbao, la Clínica Isadora de Madrid y el Centro Clínico El Bosque, también situado en la capital del Estado. La titular de Salud destaca en el texto que "no existe acuerdo ni ningún tipo de concierto o contrato administrativo con ninguno de ellos".

En términos económicos, la postura de la Administración foral de no garantizar el derecho al aborto en Navarra cuesta a las arcas públicas unos 55.000 euros anuales. Este desembolso corresponde a la factura por la intervención que financia el SNS-O por no ofertar entre sus servicios este derecho legal. Cada interrupción voluntaria del embarazo suele costar entre los 700 y los 800 euros, una cifra de la que se hace cargo Salud en el caso de que la mujer solicitante realice todo el trámite burocrático.

datos que no varían Según los datos ofrecidos por el departamento que dirige María Kutz, el montante destinado a este efecto no registra grandes variaciones de un año a otro, al igual que el número de mujeres que se dirigen a la Administración para ejercer este derecho. En concreto, en 2003 fueron 49.038,70 euros lo que se gastó en derivar a otras comunidades a las navarras que solicitaban abortar, una cifra que llega a los 52.270,64 euros en 2004, 63.571,86 en 2005 y 58.872,80 euros en 2006. La respuesta también incluye el desembolso realizado en el primer semestre de 2007, y que ascendió a 31.499,07 euros. De todos modos, cabe destacar que la subvención sólo llega al 10% de las mujeres que abortan en la Comunidad Foral, por lo que la gran mayoría, el 90%, tiene que practicarse esta intervención en otra comunidad y, además, financiarla de su propio bolsillo.

Finalmente, la respuesta parlamentaria de la consejera indica que "en el departamento de Salud no consta solicitud de ningún centro médico de la comunidad para la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo". Esta referencia está motivada por el anuncio realizado en el mes de octubre por la Junta Directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), quien aprobó iniciar los trámites necesarios para establecer un centro en la Comunidad Foral. En el momento de hacer pública esta decisión, desde ACAI se argumentó que su implantación en Navarra obedecía a un intento de "facilitar el recurso del aborto a las mujeres de esta comunidad", ya que la foral es la única de todo el Estado donde no existe ningún tipo de clínica, ni pública ni privada, donde se puedan practicar estas intervenciones.

posible clínica privada De todos modos, fuentes de la asociación consultadas recientemente por este periódico señalaron que, a pesar de que mantenían su voluntad de desarrollar su labor en Navarra para que las mujeres de la Comunidad Foral pudiesen ejercer su derecho en su propio territorio, los trámites para su implantación se habían retrasado por diversos motivos. Entre ellos, el anuncio realizado por el Gobierno central, todavía no plasmado en medidas concretas, de poner en marcha iniciativas para "garantizar los derechos y el funcionamiento" de esta prestación sanitaria y que "no haya discriminaciones" como viene ocurriendo en Navarra, donde las mujeres que deciden someterse a esta intervención se ven obligadas a viajar a otras comunidades ante la imposibilidad de practicarla en su propio territorio.

Por el momento, según señalaron las mismas fuentes, las labores de la asociación se han centrado en la búsqueda de locales y otro equipamiento, aunque todavía no han presentado la solicitud legal en el departamento de Salud. Sobre este anuncio también se pronunció en su día la consejera, María Kutz, quien consideró que si la clínica cumple todos los requisitos que establece la ley no habría problemas para darles el permiso.