SIEMPRE que hay un tema de salud pública ligado al sector de la alimentación los distintos agentes implicados tratan de conjugar una adecuada información al consumidor, procurando no repercutir negativamente en el sector económico del que se trate, con el propósito de no generar falsas alarmas sociales. Ocurrió con las vacas locas y el consumo de carne de vacuno o con la gripe aviar y el pollo, y ha vuelto a ocurrir con el aceite de girasol. Es cierto que son casos totalmente diferentes, pero tienen un punto en común: la mala gestión en el origen o la mala información sumistrada al consumidor al desatarse la alerta. El tema del consumo de aceite es especialmente sensible para la población, al haberse producido en el pasado casos de crisis alimentarias muy graves relacionadas con distintas variedades de este producto, como el aceite de colza. Por ello el Ministerio de Sanidad asegura que optó por las medidas más drásticas dentro de las posibles, pero eso no quiere decir que haya sido lo más correcto: desaconsejar el consumo de aceite de girasol pero sin especificar marcas, por posible contaminación en partidas llegadas de Ucrania, pero sin especificar su destino. Sanidad recomienda el no consumo al tiempo que entra en contradicción afirmando que no hay riesgo para la salud en caso de consumirlo, dejando que sean quienes comercializan y quienes consumen los que tomen la úlima decisión sobre un producto en cuarentena. Ayer la alarma y el desconcierto llegaron hasta el consumidor, que se encontró con estanterías vacías sin demasiadas explicaciones y con un producto bajo sospecha de no se sabe qué, porque quienes tienen la información la ocultan. Tampoco el Gobierno de Navarra ha sido claro en este tema. Asegura que ha inmovilizado producto susceptible de ser contaminado en tres distribuidores navarros, pero sin concretar en cuáles ni qué cantidad, ni si hay o no riesgo para quienes lo hayan podido ya consumir. Los contribuyentes navarros esperan unas instrucciones más concretas y una información más detallada de sus autoridades aunque la iniciativa corresponda al Estado, donde las asociaciones de consumidores han denunciado la "falta de transparencia" de Sanidad, ministerio al que han criticado por su gestión del asunto, que ha generado desconcierto entre los usuarios y malestar entre los gremios de la alimentación por el efecto generalizador.
