EGURAMENTE, es cierto que los contenidos que recoge la propuesta que el lehendakari Ibarretxe ha remitido a Zapatero como documento abierto para negociar un nuevo pacto político tengan su base en las Conversaciones de Loiola y, en especial, en los consensos más avanzados que durante la pasada tregua alcanzaron los representantes de PSOE y Batasuna. Es cierto también que en el planteamiento de Ibarretxe -más allá de una evidente intención política de situar a Zapatero ante la contradicción de rechazar ahora lo que dialogó con ETA- hay una puerta abierta a que la necesidad de alcanzar consensos básicos entre las diferentes corrientes ideológicas de este país, que puedan ser luego sometidos al refrendo ciudadano, se anteponga a las urgencias políticas de calendarios cerrados. Y eso ya es un paso positivo en el actual panorama político, donde la persistencia de la violencia como instrumento político mediatiza la realidad social y la libertad democrática de los ciudadanos y donde los intereses partidistas en el ámbito electoral influyen en la voluntad de acuerdo que demanda la sociedad. Ambas cuestiones, la ausencia de violencia y la necesidad de respetar los procedimientos legales se incluyen en la propuesta a Zapatero. Y evidentemente, es una fórmula asentada sobre bases legítimas y democráticas. Sin embargo, son difícilmente explicables las referencias a Navarra incluidas: la configuración de un órgano común entre Navarra y la CAV y la cooficialidad del euskera en ambas comunidades. Aunque se matice que ambas cuestiones -propuestas igualmente legales y democráticas por más que su apoyo político no sea a día de hoy mayoritario en la Comunidad Foral- debieran ser avaladas por la sociedad. Ibarretxe se reúne con Zapatero como lehendakari y no parece lógico que en ese papel institucional -que va más allá de sus convicciones políticas partidistas legítimas- asuma la representación de propuestas que afectan a otra comunidad. Y no es un argumento que ambos temas ya fueron tratados en Loiola, ya que ese razonamiento supone aceptar el papel de Navarra como un objeto político interesado, la misma estrategia que ya usó UPN, con apoyo del PP, antes de las elecciones del 27-M y después para impedir el cambio político en Navarra. Sería un nuevo error histórico volver a jugar a política de cocina con la voluntad de los navarros. Otra cosa es que Navarra deba estar representada en un proceso de diálogo para la paz.
