A decisión de Telma Ortiz de demandar medidas cautelares contra 34 medios de comunicación por intromisión en su vida privada aviva de nuevo el debate entre el derecho a la protección de la intimidad y el derecho a la información. Sólo que este caso alcanza de lleno la última perversión mediática: la que se escuda en una interpretación interesada de la libertad de expresión para poner en marcha una batidora de basura con apariencia de información. Telma Ortiz puede ser sujeto de información en cuanto esté presente en cualquier acto público como hermana menor de Letizia, pero en el resto de su vida personal o profesional tiene derecho a la privacidad. Y a nadie se le escapa que en su caso -y en otros muchos- se han traspasado los mínimos de la deontología profesional con informaciones inventadas, manipuladas, sin interés general alguno ni relevancia, que son las bases sobre las que se asienta el derecho de información. Cuando el espectáculo sometido al dictado de la audiencia se impone a la verdad, ya se reduce el espacio para reclamar el respeto al derecho democrático de información. Es cierto que no toda la denominada prensa rosa incumple esas reglas profesionales mínimas, pero parece necesario abordar una reflexión objetiva sobre lo que determinados medios y profesionales hacen con la vida privada de otras personas. No se trata de restringir el derecho a la información -ya muy limitado por el poder de los grandes medios y agencias de comunicación-, sino de recuperar la verdad, la relevancia pública y el interés general como claves profesionales del tratamiento informativo de la vida privada.
