pamplona. Las defensas de los procesados por el caso Fontaneda manifestaron ayer en la presentación de sus informes ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial que "no hubo estafa y mucho menos estafa piramidal". En este sentido, uno de los abogados sostuvo "que Fontaneda cometió una apropiación indebida porque se ha llevado parte del dinero" de los afectados y que por ello "se le debe y puede condenar".
El primer día del juicio Antonio Fontaneda se mostró conforme con una pena de tres años y ocho meses de prisión tras reconocer que había estafado 7,7 millones de euros a más de 200 personas. El juicio, que finalizó ayer, continuó desde entonces con dos procesados: Manuel Cid, dueño de la oficina de San Sebastián donde se captaron clientes, y Juan Pedro Echarri, ex director de la oficina del Banco Guipuzcoano en Pamplona.
En su informe, la defensa de Echarri pidió la absolución de su cliente, al igual que el resto de defensas, porque "no ha cometido delito alguno". El letrado dijo que Fontaneda "mostró su conformidad con la pena", pero "no está la calificación jurídica" y que la conformidad de un procesado "no sirve para el resto". Negó que Fontaneda hubiera estafado y consideró que se trata de una apropiación indebida porque el promotor "destinó una parte del dinero a inversiones y proyectos, pero otra no".
La defensa de Echarri denunció "una conspiración" contra su cliente y agregó que "nunca" había presenciado en un juicio "tantas declaraciones falsas", por lo que esperarán a la sentencia para estudiar la posibilidad de querellarse.
Este letrado se preguntó "qué pactos ha habido para una rebaja tan sustancial en la pena de Fontaneda y un cambio tan notable" en su declaración y expuso que a cambio "retiraron la acusación de su hijo y de su mujer" y pasó de mantener que "no había estafa" a decir que "era una estafa piramidal en toda regla", "echando barro contra Echarri". De hecho, antes "nadie hablaba de Echarri", manifestó la defensa, que agregó que "los prestamistas están dispuestos a hacer todo para recuperar su dinero", pero "no se puede tratar de distorsionar para que condenen a Echarri", censuró este abogado, quien estimó acreditado que éste "no ha recibido ni un céntimo".
entidad La defensa del Banco Guipuzcoano, a quien las acusaciones particulares reclaman la responsabilidad civil subsidiaria, pusieron de manifiesto que antes de la primavera del año 2000 "no hay delito en Fontaneda", por lo tanto tampoco "hay dolo de Echarri", ni éste "se lucro en lo más mínimo". Recalcaron que su empleado no engañó cuando dio los informes a los inversores, que estos "eran veraces" y que no se proporcionaron ni antes ni después de que el grupo Acai tuviera cuentas en la entidad. En cambio, sostuvieron que los inversores "incumplieron el deber de autotutela de sus intereses". Tras esa primavera, afirmaron, "ningún inversor comprueba ni consulta la realidad de la garantía del Banco Guipuzcoano" y comentaron que "se está intentando criminalizar un mero incumplimiento bancario de ámbito administrativo o civil". Finalmente, indicaron que "si se estimara responsabilidad de Echarri, como quiera que no ha cometido ilícito en la entidad no cabe responsabilidad del Banco Guipuzcoano".
La defensa de Cid sostuvo que "no ha habido estafa" porque "hasta el día que interviene la Policía aquí se pagaba a todos". En relación a su cliente, indicó que "se podrá hablar que ha cobrado, pero no se ha apropiado de una sola peseta de las cantidades que recaudaba para Fontaneda". Calificó a su patrocinado como "un pipiolo" que "se lo tragó todo" y que "ni consciente ni voluntariamente ha engañado a nadie" porque él mismo invirtió. Reconoció que Cid firmó los contratos, pero afirmó que "los clientes iban solos". Las acusaciones sostienen que Fontaneda no invirtió. Sin embargo, la defensa de Cid señaló algunas inversiones, como un proyecto de película, la compra de unas oficinas en la Ciudad de la Imagen, un proyecto de equipo de automovilismo y un disco. "Fontaneda invertía, lo intentaba, otra cosa es que le saliese mal", dijo. >m.p.m
