E L tema del préstamo de libros se complica. A priori hay un consenso general en que la gratuidad de los libros de textos es algo bien recibido por la sociedad y una vieja aspiración de los padres, aunque no dejaba de tener parte de razón el locuaz consejero Campoy cuando, muy al estilo de Miguel Sanz con sus cenas de 400 euros, denunciaba cierta hipocresía de las familias que se quejaban del alto coste de los libros y no miraban en gasto en otros conceptos menos necesarios. Sin embargo, a ambos les perdieron las formas. Al estilo de otros asuntos (campus de Tudela, etc...) la gratuidad de los libros ha ido creciendo como una bola de nieve en este curso hasta convertirse ya en una realidad legal a la que ningún partido o sector (al margen del mundo editorial y librero) se ha opuesto abierta y públicamente. Ahora llega la letra pequeña y es donde están surgiendo las fricciones. La Administración aceptó el envite pero de alguna manera se quiere quitar la patata caliente de su gestión. Los centros, que reclaman autonomía para otras cosas, también se quejan de tener que encargarse de los libros. Resulta llamativo que sea la red privada la más activa en esta protesta ya que está muy acostumbrada a funcionar a su aire (rozando elpase fora l) en otros temas más definitivos como el propio currículo. Al final habrá una concreción del sistema mejorado por la dialéctica, pero hay una cuestión en su raíz que vulnera toda la filosofía educativa que engloba una medida que ha quedado reducida a su mero aspecto económico. Si queda abierta la posibilidad de usar libros públicos o comprar nuevos, volveremos a tener niños pobres con textos usados y niños ricos con flamantes libros de estreno sentados en la misma aula, una clase a donde a nadie se le ocurre traerse un pupitre nuevo o una silla de casa, por si vale el ejemplo.