PAMPLONA. Inconstitucional, potencial generador de confrontación y tensión, sustentado en vicios de incompetencia, basado en confusiones terminológicas... El dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de Ley de Consulta aprobado por el Parlamento Vasco la semana pasada no señala ni un solo aspecto positivo de la iniciativa planteada por el lehendakari Juan José Ibarretxe para salir de la situación de bloqueo político que atraviesa el conflicto vasco y avala el anunciado recurso que el Gobierno español va a presentar ante el Tribunal Constitucional (TC). Para el órgano que preside Francisco Rubio Llorente, la iniciativa rebasa el marco vigente y existen suficientes argumentos jurídicos para recurrirla ante el TC, porque considera implanteable que los vascos se pronuncien en solitario sobre un asunto que requiere de una "decisión soberana del pueblo español".

Pese a que el análisis de esta suerte de cuerpo de sabios que asesora al Gobierno español no es vinculante, ha servido para que el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero coja velocidad en el sprint contra la consulta que ha iniciado, cuando el proyecto ni siquiera ha sido aún aprobado en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

De hecho, a la vista de los argumentos que aportó ayer el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros prevé acordar hoy mismo la presentación de su recurso contra la consulta ante el TC, al que se dará luz verde definitiva cuando la ley salga publicada en el BOPV. Según recordó ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el recurso irá acompañado de una petición de paralización inmediata de los preparativos para la cita del próximo 25 de octubre.

el dictamen El dictamen del Consejo de Estado permite intuir los argumentos en los que se sustentará el recurso del Gobierno, que, si toma como referencia el pronunciamiento de este órgano, presentará la consulta como un ataque al marco jurídico vigente y a la "soberanía del pueblo español".

El Consejo de Estado -con miembros natos como Sabino Fernández Campo o Landelino Lavilla-, estima que las dos preguntas planteadas por Ibarretxe sobre el final dialogado de ETA y la necesidad de activar una mesa de partidos para resolver el contencioso vasco transcienden la capacidad de decisión de los vascos.

El dictamen añade que la Ley de Consulta aprobada por la Cámara de Vitoria "pone en cuestión el fundamento mismo del orden político y jurídico del Estado en su conjunto" y vulnera "el orden constitucional de competencias".

Por ello, cree incluso "necesaria" la interposición por parte del Gobierno de un recurso ante el Constitucional, frente a una iniciativa que, de llevarse a cabo, "pondría en riesgo" el orden vigente "y las bases mismas en que se asienta" dicho marco. "La autonomía política no puede legitimar el pronunciamiento de una parte del electorado acerca de una decisión de orden constitucional que afecta a aspectos esenciales de todo el Estado y a todos los poderes públicos en general", expone el Consejo.

El Consejo de Estado recuerda que el objetivo de la consulta impulsada por Ibarretxe es "alcanzar un acuerdo de normalización política en el que se establezcan las bases de una nueva relación" entre el País Vasco y el Estado, lo que supondría un cambio de la articulación del Estado y de las entidades territoriales que "llevaría a una confrontación con la Constitución vigente", que requiere que este tipo de medidas reciban el visto bueno de todos los españoles en referéndum y no sólo de los vascos.

Señala como "vicio de incompetencia" que el lehendakari parta de la base de que sólo necesita la autorización del Parlamento Vasco y no la del Estado para promover esta iniciativa y dice además que usar el término "consulta" y no el de "referéndum" no basta "para defraudar la competencia exclusiva del Estado" en esta materia. >D.n./agencias