PAMPLONA. El rocambolesco asunto en el que se está convirtiendo la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón en torno a la financiación de ETA a través de la extorsión a empresarios, más concretamente a partir de la documentación intervenida a Javier López Peña, Thierry , el pasado mayo en Burdeos, dio ayer un nuevo giro de tuerca. Tras pasar tres semanas en prisión, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional decidió ayer dejar en libertad bajo fianza de 20.000 euros a las hermanas de Orio María Isabel y Blanca Rosa Bruño, acusadas de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma "voluntaria" a la organización terrorista. Garzón estima que la investigación está avanzada y que no procede ahora la prisión como medida cautelar.

Pero las cosas no quedaron ahí, porque también ayer se escuchó la primera voz del Gobierno que se pronuncia sobre la cascada de registros y detenciones de empresarios vascos en relación con el denominado impuesto revolucionario que se ha vivido esta semana, después de que el empresariado en pleno haya reclamado respeto a la presunción de inocencia y a la situación especialmente dura que vive este colectivo en esta materia. Fue, en concreto, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, quien en la clausura de un curso en una universidad cántabra reconocía que las personas extorsionadas por ETA "tienen que ser objeto de un tratamiento jurídico específico", porque, dijo, "no hay que olvidar que son también víctimas de los terroristas".

La declaración de Camacho subraya el desconcierto que ha rodeado los operativos policiales desplegados en relación al empresario guipuzcoano Jesús Guibert -el miércoles-, un hombre que fue secuestrado en 1983 por los Comandos Autónomos Anticapitalistas, y al consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga -el jueves-, ambos aún pendientes de declarar como imputados ante Garzón en la Audiencia Nacional, si bien se prevé que el magistrado les levante la imputación tras su comparecencia.

Jainaga hizo ayer pública una carta en la que manifiesta que "dejó claramente establecido" en su declaración ante la Guardia Civil que "en ningún momento" ha realizado ningún pago a ETA, pese a que su nombre habría aparecido vinculado a un abono de 90.000 euros en los papeles incautados a López Peña. Pero Jainaga, sobre todo, hace un duro reproche a las "formas utilizadas" en la investigación, "más propias del trato que se debería dar a delincuentes".

Las horas de arresto que vivió el directivo de Sidenor el miércoles no fueron sino el segundo episodio de una investigación que tuvo su primer capítulo en la detención y posterior encarcelamiento incondicional de las hermanas Bruño, también sobre la base de la documentación de Thierry, entre la que se incautó una carta de agradecimiento de ETA remitida a las empresarias por efectuar un pago de 6.000 euros, realizado en una fecha entre 2003 y 2008. En el auto de prisión, el juez consideraba que ambas están muy próximas ideológicamente a ETA y que "tienen la vía" abierta para seguir colaborando con la banda.

En prisión desde el 12 de junio, ayer Garzón decidió dejarlas en libertad bajo fianza de 20.000 euros. Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado -que ha impuesto además a las dos mujeres la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado- tomó esta decisión al considerar que la investigación judicial está ya muy avanzada y que las medidas cautelares deben adecuarse al estado actual del procedimiento. >d.n./agencias