Madrid. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que absolvió a los ocho acusados por el caso Telecinco , entre ellos el ex director general de la ONCE Miguel Durán y el empresario catalán Javier de la Rosa, de los delitos fiscales y societarios por los que fueron juzgados.
El Supremo desestima así el recurso del Abogado del Estado contra la resolución de la AN, que desestimó la acusación contra los ocho acusados de los delitos fiscal y de falsedad. La Fiscalía y la Abogacía del Estado consideraron que los acusados, junto a otros, como el presidente italiano y propietario del grupo Fininvest Silvio Berlusconi, "elaboraron un entramado jurídico-negocial ficticio" para encubrir "la violación" de la ley de Televisión Privada y "violar la ley tributaria" y con estas operaciones defraudar supuestamente a Hacienda 90.151.815 euros.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, acusó ayer al juez Baltasar Garzón de "crear juicios" contra él impulsado por la fiscalía de Milán. "Después de diez años de persecuciones y de tanto fango arrojado en los procesos españoles, creados por un juez Garzón impulsado por la fiscalía milanesa, el Tribunal Supremo ha absuelto a todos los acusados", afirmó. Berlusconi lamentó que ahora nadie "resarcirá estos diez años de imagen ensuciada o los gastos de los abogados o del transporte", así como, aseguró, "nadie pedirá perdón".
Fininvest y la ONCE Los hechos que juzgó la AN ocurrieron hace veinte años cuando Fininvest y la ONCE, ésta última a través de Divercisa, adquirieron una participación del 25%, el máximo legal permitido, en Tele 5, en cuyo capital entraron también Medrano y Álvarez-Buiza con un 10%. Dos años después, según el fiscal, se llevaron a cabo varias transferencias fraudulentas de capital que consistieron en la venta por varios de los accionistas de sus participaciones en la cadena, que fueron adquiridas por la ONCE y Fininvest, a través de empresas vinculadas indirectamente a ambos grupos, que ya tenían el máximo legal. Además, de acuerdo con el Ministerio Público, se vendió una participación del 25% al empresario Javier de la Rosa, quien desembolsó por ella un precio superior al que recibió el vendedor, por lo que exigió una compensación por parte del resto de los socios, con los que acordó que le pagarían "de manera tal que las sociedades afectadas obtuviesen ventajas tributarias que compensasen ese gasto".
La sentencia de la AN consideraba que se podía discutir "la irregularidad contable" de algunas operaciones, pero que no había "elementos suficientes" para estimar que se hizo con la intención de eludir el pago de impuestos. >Efe
