AHORA que en España las multas de tráfico se han convertido en un patético impuesto indirecto con mero afán recaudatorio que cada vez tiene menos que ver con el fomento de una conducción segura, reconforta ver que en California, un tribunal de apelación ha anulado una multa impuesta a Shaun Malone, un joven que fue fotografiado por un policía circulando supuestamente a 62 millas por hora en una zona limitada a 45. La razón para la anulación de la multa se basa en que el automovilista, de dieciocho años, llevaba instalado en su coche un dispositivo que permitía a sus padres monitorizar su comportamiento al volante: el aparato, fabricado por Rocky Mountain Tracking, enviaba una medición de la velocidad a la que circula el automóvil cada treinta segundos, un mensaje de correo electrónico cada vez que superaba las 70 millas por hora, y tomó una lectura que mostraba que Shaun circulaba exactamente a 45 millas por hora en el exacto momento en que el policía midió 62. En la apelación, un perito experto en tecnología GPS que había manifestado dudas en el primer juicio acerca de la precisión del aparato instalado en el coche de Shaun afirmó haber comprobado las lecturas del mismo y haberlas encontrado adecuadas, hasta un límite de dos metros en la localización y una milla por hora en la velocidad. El juez de apelación procedió a la anulación de la denuncia, de 190 dólares, pero que puede acabar teniendo una trascendencia mucho mayor dado el precedente de admitir una medición privada confrontada a la oficial efectuada por la Policía.

Hace pocas semanas, recibí una multa por exceso de velocidad en un tramo en el que yo circulaba con el limitador de velocidad de mi coche activado, y fijado en el límite legal del tramo. Si unimos a ello la evidencia de que las mediciones mostradas por el velocímetro del coche suelen estar sistemáticamente entre diez y quince kilómetros por hora por debajo de la velocidad real de circulación mostrada en un dispositivo GPS cuando se circula a 120 kilómetros por hora, la evidencia de un error por parte del aparato de radar de la Policía aumenta. ¿Llegaremos a un punto en el que la disponibilidad de tecnologías en manos del público, convertidas en auténticas cajas negras , nos permitan confrontar nuestras mediciones a las de los aparatos de la Guardia Civil de Tráfico? ¿O, siguiendo el razonamiento inverso, a que directamente nuestro automóvil registre nuestras violaciones de las normas de circulación y nos las notifique a modo de radar incorporado