pamplona. El Gobierno de Navarra prevé aumentar hasta el 70% el porcentaje de vivienda protegida con carácter general en las nuevas urbanizaciones que se programen (nuevos planes o modificaciones puntuales), aunque se tendrá en cuenta la realidad de cada zona y aquellos sectores donde exista "demanda", tal y como ocurre en Pamplona y su Comarca. El estándar mínimo actual obligatorio se fijó por ley en un 50% (la actual norma entró en vigor en el 2003) aunque se materializará ahora en algunos sectores. Ésta es una de las nuevas medidas que contempla el Pacto Social por la Vivienda de Navarra 2008-2011 suscrito ayer entre UPN-CDN y el PSN, y cuyo objetivo principal es favorecer el acceso a la vivienda de aquellas personas que no tienen "recursos suficientes para adquirir o alquilar una vivienda en el mercado libre".

El documento nace con el apoyo del 72% del Parlamento (UPN, PSN y CDN) aunque queda abierto a la búsqueda del "máximo consenso" con otras fuerzas política y agentes económicos, sociales y sindicales, destacaron el consejero Carlos Esparza y el parlamentario socialista Samuel Caro que habló de un pacto "vivo y abierto". Este Pacto se sustenta en tres ejes estratégicos que pasan por crear las condiciones que garanticen la accesibilidad a la vivienda, impulsar la sostenibilidad del sector residencial y mejorar la gestión y la transparencia del mercado. Estos ejes se desarrollan a lo largo de 9 líneas de actuación y 52 medidas.

En términos cuantitativos, el Ejecutivo foral mantiene su compromiso de asegurar la construcción de 4.000 viviendas protegidas al año, la misma cifra que en realidad ya recogen anteriores planes de vivienda aunque ninguno de ellos se ha cumplido. Con este convenio se pretende activar ahora 15.000 viviendas protegidas en el periodo 2008-2011: 12.000 para venta y 3.000 para alquiler, incluyendo 400 de integración social. Vinsa asumirá unas 3.000.

Otro objetivo es potenciar el alquiler con 3.000 nuevas viviendas, 2.000 de ellas públicas y fomentar mediante una "adecuada información y divulgación" la Renta Básica a la Emancipación con la finalidad de llegar a un total de 4.000 jóvenes frente a los 2.400 actuales.

Otro compromiso es fomentar la rehabilitación de 6.000 viviendas al año. Igualmente se aprovechará el parque de vivienda vacía de manera que al menos un millar se integren durante este periodo en la Bolsa de Viviendas de Alquiler de Vinsa que apenas funciona cuenta con 300 inmuebles. Se relanzará por otro lado, en colaboración con el departamento de Asuntos Sociales, el programa de viviendas de integración social potenciando el alquiler y con el objetivo de alcanzar los 400 pisos.

baremo El Gobierno, a través de este acuerdo, también anuncia la modificación del baremo de acceso a la VPO para mejorar el "tratamiento" de determinados colectivos, como es el caso de personas divorciadas, viudas, familias monoparentales o personas que han interrumpido temporalmente su empadronamiento por motivos de estudio o laborales, y que se sienten discriminados en la aplicación del baremo. Asimismo, se revisará la valoración de la edad en el baremo (quedará abierto por arriba y por abajo). Otro cambio importante para los demandantes es que no será obligatorio presentar dos declaraciones de renta (dos ejercicios económicos) para acceder a una vivienda sino que bastará con una sóla, aunque la puntuación del solicitante sea menor. También se revisará el tratamiento fiscal de la cuenta vivienda y su valoración el baremo. Todos estos cambios en el sistema de acceso a una vivienda protegida derivan del análisis de las "propuestas y sugerencias" realizadas por diferentes sectores sociales y del Defensor del Pueblo. Por otro lado, se regulará un procedimiento para facilitar que los adjudicatarios puedan permutar sus viviendas con otros adjudicatarios de manera que éstas se "ajusten a sus necesidades económicas y familiares".

El Pacto se marca como tercer eje estratégico un mayor control y sanciones sobre la vivienda protegida.