madrid. La investigación iniciada por el juez Baltasar Garzón sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil ha puesto de manifiesto diferentes posturas en el PP sobre la recuperación de la memoria histórica. Así, mientras el presidente del partido, Mariano Rajoy, ha recalcado estos días su radical oposición a que se elabore un censo de muertos y fosas comunes para "no reabrir heridas", el vicesecretario general del PP defiende el derecho de las familias a saber dónde están los restos y a que la Administración les ayude a encontrarlos.

En la línea de Rajoy, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió ayer en que ahora es el momento de trabajar "por el presente y el futuro" de los españoles y "no por reabrir heridas" del pasado. "El presente de los españoles es muy incierto y el futuro todavía más", planteó la dirigente popular para defender a continuación la necesidad de resolver el pasado tal y como se hizo en 1978, "con un espíritu de concordia y constructivo". "No es el momento de reabrir heridas", remachó.

Tras hacer esta valoración política sobre la pretensión de Garzón, Sáenz de Santamaría recalcó que, en el terreno jurídico, serán los propios jueces los que determinen hasta dónde corresponde la tarea de los jueces. Eso sí, puso de relieve que las principales asociaciones judiciales ya se han pronunciado en contra de la investigación.

González Pons, por el contrario, defendió ayer que las familias de los represaliados en la Guerra Civil, alzamiento y franquismo, tienen "todo el derecho del mundo" a saber dónde están y también a que la Administración les ayude a localizarlos, "con dignidad y respeto". Sin embargo, el vicesecretario de Comunicación, considera que la resolución de tales hechos, que calificó como "ciertas injusticias", no son competencia de la Audiencia Nacional. "Este órgano es competente para resolver injusticias penales cometidas en nuestro tiempo por delincuentes de nuestro tiempo", dijo.

El dirigente popular argumentó que a él le "gusta" la judicatura que "persigue a vivos peligrosos" y no la que persigue a "muertos que ya no están". Y añadió que los "escasos medios" con los que cuenta la Justicia debería ir destinados a "cosas que les consideran útiles a los vivos", como luchar contra la pederastia o la violencia de género.

debate sobre competencias El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, por su parte, calificó como una "buena iniciativa" la decisión de Garzón y ofreció el apoyo de su departamento. "Es una buena iniciativa que exista ese censo, es una buena forma de poner las cosas en su sitio para que todos aquellos que no han tenido la oportunidad de tener la tranquilidad de que sus seres queridos estén identificados sepan donde están", precisó.

En relación a la postura de la Fiscalía que solicitó el archivo de la causa, Bermejo recordó que "el fiscal ha tomado una decisión, hizo un informe muy denso en el que sostenía que no existía competencia", pero matizó que "el ministro de Justicia no entrará en un debate jurídico" sobre este asunto.

Asimismo sostuvo que, en relación con la recuperación de la dignidad de las víctimas, "se ha hecho mucho", una idea que contradijo el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, quien denunció la "falta clara de voluntad" del Gobierno para desarrollar la ley de Memoria Histórica porque aseguró "fue más allá" de las expectativas del propio del Gobierno. A su juicio, Garzón "ha demostrado las insuficiencias de la ley". >agencias