PAMPLONa. El plan urbanístico de Etxabakoitz, diseñado hace 2 años y que contempla la construcción de 8.130 nuevas viviendas y nuevos sectores de actividades económicas junto a la nueva estación del TAV, es totalmente "inviable". Así lo mantienen las empresas promotoras que adquirieron en su día la mayoría del suelo en el nuevo sector residencial y de servicios vinculado a la llegada del tren de alta velocidad, siendo además la base argumental que sustenta las alegaciones presentadas al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal promovido por el departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones. Las alrededor de doce firmas constructoras ya advirtieron el pasado mes de junio que la ordenación de más de dos millones de metros cuadrados entre los términos de Pamplona, Zizur Mayor y Cendea de Cizur no era una operación "ajustada a la realidad", una situación que reconocen "ha empeorado" con la agudización de los efectos de la crisis inmobiliaria y financiera. Las previsiones del plan, tanto en el detalle de su contenido en oferta de viviendas, tipología y otros usos, como en su valoración económica teniendo en cuenta los "disparatados" costes de indemnizaciones además de la propia urbanización, "no cumple con una condiciones mínimas de viabilidad". Un plan, remarcan de manera extraoficial, que fue "cocinado" entre el Gobierno, los ayuntamientos y Renfe, pero que ahora exige "ser repensado y negociarlo teniendo en cuenta las nuevas condiciones del mercado". Abogan así por revisar tanto el porcentaje de vivienda libre (50%) como el tamaño de las mismas, los denominados coeficientes de homogeneización que marcan la proporcionalidad entre la vivienda libre y la protegida, o la gran superficie que ocupa, remarcan, los usos terciarios que contempla el proyecto. En este sentido, remarcan, que una vivienda libre ya no "equivale" a cuatro protegidas porque "la diferencia de precio ya no es entre 150.000 y 300.000 euros como hace unos años. "Podemos estar hablando que la realidad es que una vivienda libre equivale a dos de protección oficial", indican.
El Gobierno debe afrontar en este momento la marcha atrás del PSIS, estimar las alegaciones formuladas o "reconsiderar de oficio" el proyecto y sacarlo de nuevo a exposición pública como posibles "salidas" a un plan "desfasado". Por otro lado, entienden prohibitivas las cargas de indemnización superan los 168 millones (63,5 millones para Inquinasa) al margen de los otros 150 que cuesta la urbanización. Existen además varias alegaciones de propietarios de edificaciones e industrias que no comparten el proceso de "negociación" seguido con Inquinasa como un agravio comparativo. Lo cierto es que el departamento de Obras Públicas no ha resuelto todavía las alegaciones presentadas hace un año a un proyecto en impasse a la espera de que se desbloquee por otro lado el convenio político entre las administraciones estatal y foral en un nuevo escenario de entendimiento entre regionalistas y socialistas.
El arranque de la operación se basa a su vez en el acuerdo entre el Gobierno foral, los ayuntamientos afectados (Pamplona, Zizur Mayor y Cendea de Cizur), el Ministerio de Fomento, Renfe e Infraestructuras Ferroviarias, firmado el 10 de marzo del 2004. Cuatro años.
