pamplona. Las nuevas infraestructuras ferroviarias vinculadas a la llegada del TAV siguen todavía pendientes de la firma del convenio de financiación entre el Estado y Navarra, y éste a su vez de los aprovechamientos urbanísticos que se fijen en el plan urbanístico de Etxabakoitz que, por otro lado, está pendiente del informe de alegaciones un año después de su aprobación inicial. Detrás del protocolo o acuerdo de intenciones firmado ayer por las administraciones implicadas subyace la necesidad de atar de nuevo los compromisos acordados en su día con ADIF (infraestructuras ferroviarias) ante los posibles cambios que se introduzcan en esta nueva urbanización en un momento de recesión en el sector de la construcción y después de que los promotores hayan dicho que es inviable la actual propuesta. Hay que tener en cuenta que esta sociedad obtiene en el nuevo plan residencial y terciario de Etxabakoitz los aprovechamientos necesarios para financiar la nueva estación.

De este modo, el Consejo de Dirección del Consorcio de Alta Velocidad de la Comarca de Pamplona, constituido hace un año (ayer fue su primera reunión de contenido) y en el que participa el Gobierno y los ayuntamientos afectados de Pamplona, Zizur Mayor y Cendea de Cizur, aprobó ayer por unanimidad el protocolo para firmar con el ministerio de Fomento y el ADIF, la redacción de los proyectos de construcción y financiación de la nueva red ferroviaria y de su futura estación. Se trata de un acuerdo que cuenta con "el visto bueno" del Ministerio de Fomento, y será "el motor de arranque de la operación ferroviaria", según informó el Ejecutivo foral. La operación ferroviaria permitirá la ejecución del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) que ordenará el entorno de la actual estación de San Jorge, cuando ésta deje de estar en funcionamiento, y el área de la nueva estación, que acogerá el tren de alta velocidad. La reunión ha estado presidida por la consejera de Obras Públicas, Laura Alba, acompañada del director general de Política y Promoción Económica, Fernín Martínez, y el director general de Obras Públicas, José Luis Echávarri. La firma del protocolo ha estipulado que ADIF transmitirá al Consorcio los terrenos del actual bucle ferroviario que en el futuro, tras la construcción de la nueva red ferroviaria, quedarán fuera de servicio. Además, el Consorcio, con la gestión de los aprovechamientos urbanísticos que le corresponden y de los derechos indemnizatorios, aportará al ADIF una cantidad equivalente al coste estimado de la infraestructura ferroviaria, que alcanza los 105 millones de euros.

52,4 millones de euros son para la plataforma de la nueva red ferroviaria; 12,2 millones para la superestructura y reposición de instalaciones ferroviarias y 26 millones para el edificio de la nueva estación. Será el Consorcio (concretamente el Gobierno de Navarra), el que asuma el posible sobrecoste de esta inversión. La previsión no obstante se modificará de común acuerdo si cambiara el PSIS. Además, se adjudicará directamente al Consorcio urbanístico, la parcela de carácter terciario y comercial "susceptible de explotación privada": los 3.000 metros cuadrados de aprovechamientos comerciales, ocio, restauración, etcétera. Se establecen además otras salvaguardas como que no se podrá exigir responsabilidades a Fomento/ADIF si no fuera posible inscribir dicha reparcelación en dichas condiciones en el registro.