pamplona. El departamento de Educación ha elaborado un borrador de decreto foral por el que se establecen los derechos y deberes del alumnado y se regula la convivencia en los centros escolares. El objetivo es reforzar el carácter educativo tanto en los procesos de prevención como a la hora de reparar el daño causado, y sólo cuando proceda aplicar medidas correctoras o sancionadoras. En este sentido, la propuesta, que se está debatiendo, establece dos niveles de actuación: una primera dirigida a trabajar aquellas conductas contrarias a la convivencia que puedan ser tratadas con medidas educativas individualizadas; y una centrada en atajar conductas graves y que requieren la apertura de un expediente disciplinario.

Con el objetivo de favorecer un clima de convivencia que haga más difícil la aparición de comportamientos inadecuados o violentos, el departamento establece la obligatoriedad de que todos los centros escolares cuenten con un Plan de convivencia. Estos planes, que deben ser revisados anualmente, contemplarán medidas como los compromisos de convivencia o la mediación, que tratan de resolver los conflictos de forma pacífica. Esta última ya tiene su espacio en varios colegios debe utilizarse, según establece el borrador de decreto, como "estrategia educativa, preventiva y resolutiva".

Y es que todas las medidas que se apliquen en un centro para prevenir o erradicar las conductas contrarias a la convivencia deberán tener un "carácter educativo" para aquel que cometa la falta. En este sentido, el proyecto establece que deberán tenerse en cuenta varias cuestiones: "el alumno no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación; no podrán aplicarse medidas contrarias a la integridad física y dignidad personal; la medida deberá ser proporcional a la conducta; tener en cuenta la edad; y se deberá contemplar la reparación de los daños, sobre todo cuando son personales".

participación de las familias Otros dos aspectos claves de esta norma son el reconocimiento y consolidación de la autoridad de profesores y la participación de las familias. Así, el profesorado puede "y debe" utilizar con carácter inmediato las medidas de atención educativa en el momento en que se produce la conducta. Por su parte, la propuesta establece las responsabilidades y derechos de las familias.