pamplona. La crisis inmobiliaria y financiera alcanza a diferentes estratos sociales pero se ceba especialmente en los más vulnerables como ocurre con el alquiler protegido para personas que no pueden acceder a un piso en propiedad y con rentas bajas. Ha transcurrido más de medio año desde que se abrió la última campaña de alquiler de Sarriguren (abril de 2008) y todavía no se han cubierto la totalidad de las 112 viviendas ofertadas (64 de Adania y 48 de Cogremasa), aseguran fuentes de Vinsa, entidad gestora de la promoción, y aspirantes que han quedado fuera. La sociedad pública ha corrido de hecho 800 puestos la lista de la que se nutre la bolsa de aspirantes para poder cubrir la demanda tanto de estas dos promotoras privadas, como de otras cien viviendas que gestiona directamente la sociedad a través de la bolsa pública de alquiler (se cifran entorno a 300 en total). Otro porcentaje de renuncias se debe a los precios del alquiler que, de no contar con ayudas pueden resultar excesivos para ciertos colectivos (486 euros 90 metros más el precio de alquiler de garaje y trastero).

Se estima desde Vinsa que entorno a 600 personas han quedado fuera de baremación para optar a uno de los pisos de alquiler en Sarriguren (Cogremasa y Adania) al no contar con los avales bancarios exigidos por las empresas por importe de entre 5.000 y 6.000 euros anuales (aproximadamente una anualidad de la renta). Las mayores dificultades las han encontrado los últimos inquilinos potenciales al endurecerse en los últimos meses las condiciones de cajas y bancos para dar garantías a colectivos cuyas condiciones laborales son precarias. Así, personas que no disponen de una nómina domiciliada o unos ingresos periódicos quedan marginadas del baremo oficial teniendo un trabajo pero no así unas entradas económicas que puedan justificar (personal que cuida a dependientes, empleos sin contratos...). Los adjudicatarios consiguen por otro lado subvenciones de entre el 25 y el 75% en función de sus rentas. En esta última convocatoria se apuntaron unas 1.900 personas.

El gerente de Cogremasa reconocía ayer que quedan muy pocas viviendas para completar la promoción y la razón de esta demora es que "se ha tardado más en conseguir un aval bancario", indica Javier Marín. "Se trata de viviendas subvencionadas y que pagan una media de 270 euros, una renta adecuada a los ingresos, por lo que el régimen especial es un producto que tiene demanda abundante. El problema es que las garantías de los bancos han cambiado", remarca. También Iñigo Izpurua, de Adania, admite que les quedan cinco pendientes. "Hay solicitantes que llevan siete años trabajando pero que no están fijos, no tienen propiedades y no consiguen un aval, cuando antes era más sencillo", precisa. El caso más reciente ha sido el de una joven cuyos padres tampoco han podido servirle de garantía al estar pagando una vivienda. "Los bancos no conceden garantías con la misma facilidad que antes, y en una campaña que en dos meses se hubiera resuelto, hoy seguimos pidiendo expedientes a Vinsa".