El expresidente de Perú Alejandro Toledo, reclamado por la justicia de su país desde finales de 2017, se entregó ayer a la Corte de San José, en California (EEUU), para ser extraditado a Perú. Está previsto que Toledo pase a disposición del Servicio Federal de Alguaciles, que lo mantendrá en una cárcel del condado de San Mateo hasta el momento del traslado.

El exmandatario había manifestado en declaraciones a Efe horas antes de su entrega que desconocía el tiempo que permanecerá recluido en Estados Unidos y “quiénes vendrán desde Perú” para ejecutar la extradición que, según su equipo legal, debe pasar a manos de la Interpol próximamente.

Toledo está imputado en su país por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias en relación con el escándalo Odebrecht que, a su vez, forma parte del conocido Caso Lava Jato y que salpicó a diferentes dirigentes latinoamericanos.

En 2019, el fundador del extinto partido Perú Posible ya fue arrestado en California, donde impartía clases en la Universidad de Stanford, por el mandato de extradición que pesaba sobre él, pero un año después fue puesto en régimen de arresto domiciliario tras considerarse que su salud podría peligrar durante la pandemia.

En septiembre pasado, la justicia estadounidense dio luz verde a la extradición de Toledo a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, que fue avalada en febrero de este año por el Departamento de Estado.

“Estoy profundamente desilusionado con lo que ha sucedido en el Departamento de Justicia y en el Departamento de Estado (EEUU), pero eso no quita mi gratitud con este país que me lo ha dado todo”, aseguró Toledo.

“Que no me maten”

En la entrevista concedida a Efe, Toledo exigió a la justicia del país andino que no permita su “muerte en prisión”. El presidente se refirió a su mal estado de salud. “Mi salud es muy mala. Tomo 14 pastillas diarias, tengo hipertensión y sufro por los remanentes del cáncer (...). Solo respeten eso, no han probado nada y ya me quieren meter en la cárcel”, afirmó. El logro de haber sido el primer presidente indígena de Sudamérica sigue siendo un orgullo para el político popularmente conocido como El Cholo, quien aseguró que “eso” no se lo perdonan y que rechaza frontalmente las acusaciones de haber lavado dinero y recibido sobornos que luego invirtió en casas y pisos en Perú.