Tanto la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, como quien la nombró, Pedro Sánchez, han dicho lo mismo. Chaves y Griñán no se lucraron personalmente en el caso de los ERE, y la sentencia del Tribunal Supremo hace que paguen justos por pecadores. La reverberación del argumento, repetida por todo el orbe socialista, demuestra hasta qué punto es una organización servicial hacia los suyos, aunque sean delincuentes, sin un atisbo de reflexión o simple vergüenza escénica. Para Alegría, Sánchez o los cientos de loros que repiten consignas, convendría explicar por qué han sido condenados no solo los dos expresidentes, sino media docena de consejeros de sus gobiernos. No conocemos la sentencia del Supremo, pero sí la de la Audiencia Provincial de Sevilla que ha sido ratificada, por lo que hay una serie de hechos judicialmente establecidos después de un proceso que ha durado 11 años. La Junta de Andalucía creó, a través de la Consejería de Empleo, unas ayudas que se decían orientadas a garantizar un nivel mínimo de ingresos a los trabajadores andaluces afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE), hasta que alcanzasen la jubilación.

En los primeros años de la ocurrencia, se constató que no había una norma específica sobre cómo tramitar y aprobar las ayudas, puesto que se trataba de una función impropia de un gobierno autonómico, inaudita en el panorama competencial del Estado. Se montó un sistema previsto para las subvenciones extraordinarias, que se fiscalizaba por la Intervención de la Consejería. Como consecuencia de esta fiscalización, se constató que muchos de los expedientes presentaban deficiencias que hacían sospechar que ya se estaban produciendo discrecionalidades y mangancias, porque en lugar de ayudar a los trabajadores, a quien se estaba ayudando era a la empresa. Como esto no tenía encaje en la normativa europea, que es estricta e inspecciona los casos de ayudas públicas que distorsionen la competencia, se les ocurrió montar un sistema alternativo. Huir aún más de la legalidad para hacer lo que se quisiera. Hasta el año 2000, los fondos se destinaban a empresas privadas con el objeto de mitigar los ERE. A partir de ese año se creó una estructura interpuesta, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego denominado IDEA), al que se podía mandar el dinero sin confeccionar expediente, y desde ahí regar libérrimamente el cortijo.

La sentencia de los ERE acredita que se han malversado 680 millones, al menos 400 furgones como los del Dioni

Así comenzó, de veras, el festín. La sentencia de la Audiencia relata, por ejemplo, que en la contabilidad del IFA figuraba como concedida una ayuda de 257 millones de pesetas a una empresa a la que con el sistema de subvenciones regladas no se le habría concedido un céntimo, por observar la Intervención graves deficiencias. Se creó el ejército de los intrusos, allegados al poder socialista a los que se metía en listas de beneficiarios sin haber trabajado nunca en la empresa correspondiente, como método sistemático de saqueo. Precisamente, el caso de los ERE saltó a los periódicos el día en el que unos periodistas se percataron de que Mercasevilla recibía importantes cantidades por este concepto, a pesar de que alardeaba de estar aumentando su plantilla. Todo ese entramado tuvo, obviamente, una intención política: generar una red clientelar que sirviera de apoyo al poder político. Y quienes estaban al frente de la Junta, Chaves y Griñán, fueron conocedores y partícipes del tinglado, que no era otra cosa que una construcción corrupta en la que con dinero público se compraban adhesiones, doping electoral. Claro que hubo enriquecimiento de estos dos santones; no directo y pecuniario, pero sí claramente en términos del beneficio político que obtenían, consolidando un poder a base de sobornar parroquia. Ellos, y todo el PSOE andaluz. Quince años seguidos. Ahora Sánchez pone cara de bueno y nos quiere hacer ver que estamos ante dos víctimas. Lo que sabe y oculta es que los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, por los que han sido condenados sus compañeros, no exigen que exista lucro dinerario personal. Son delitos tipificados para defender los intereses de los contribuyentes, para que mediante la desviación de poder no se causen perjuicios a los caudales públicos. Es lo que ha hecho esta tropa, y por lo que han sido condenados.

El Dioni robó un furgón que contenía 298 millones de pesetas, aproximadamente 1,7 millones de euros. Lo que la sentencia de los ERE acredita es que se han malversado, al menos, 680 millones. Es decir, 400 furgones como los del Dioni.