Cuatro años de interinidad del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, han finalizado con una dimisión que deja las cosas prácticamente como estaban. El aparente puñetazo en la mesa de Lesmes llega amortiguado por el largo tiempo en el que se ha plegado a la estrategia de bloqueo alimentada por el Partido Popular y su negativa a perder la mayoría ideológicamente afín que dejó blindada cuando perdió el Gobierno. La responsabilidad del descrédito dentro y fuera del sector judicial que ha producido esta situación prolongada en los últimos años tiene una clara vis política pero acaba por trascenderla y reclama una sincera reflexión del propio colectivo afectado activa y pasivamente por ella. La tentación de fortalecer un modelo de elección meramente corporativista –de los propios jueces por y para sí mismos– ha acabado jugando un papel justificador del obstruccionismo político y de la propia mayoría conservadora en el CGPJ. Una dimisión en tiempo y forma de los jueces interinos es un factor cuyas consecuencias podrían o no haber precipitado un desbloqueo de la renovación de los máximos órganos y tribunales, pero habría enfocado toda la presión sobre los partidos políticos. No se ha contemplado y no se contempla aún hoy. Lesmes puede irse a casa sin que el Poder Judicial se sienta impelido a forzar su renovación, lo que resulta indicativo de la actitud de sus miembros. La reforma del sistema de elección es una patata caliente que planea desde hace años. La presunción de implementar un modelo de renovación asentado exclusivamente en las asociaciones de jueces y magistrados pudo tener un viso de independencia pero se ha malogrado con el constante alineamiento ideológico y político de sus miembros. Es legítimo cuestionarse que haya mayor independencia del poder judicial a partir de una elección endogámica de esas asociaciones en tanto resulta tan fácil reconocer a cada una de ellas en opciones políticas vigentes. Sin resolver este extremo, la ruptura del vínculo con la representación legislativa –que obliga ahora al consenso entre sensibilidades políticas divergentes para acordar la composición del CGPJ– no aporta mucho más que el siempre peligroso distanciamiento de las sensibilidades judiciales del sentir social equilibradamente representado y legitimado en el legislativo.